La central nacionalista ha calificado de “sistema perverso” la estrategia de la Xunta para gestionar los nombramientos de funcionarios intermedios, sugiriendo que se utiliza para mantener un control excesivo sobre ciertos cargos.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 de julio.

El Tribunal Supremo ha emitido un fallo que respalda el derecho de la CIG a recibir de la Xunta información detallada sobre las razones que justifican las prórrogas de nombramientos de funcionarios que están en comisión de servicio por más de dos años.

Aunque esta decisión fue tomada el 3 de julio, fue comunicada a la central nacionalista recientemente. Zeltia Burgos, responsable de CIG-Autonómica, ha resaltado que este fallo establece un precedente legal para todas las administraciones públicas.

El tribunal ha subrayado que los representantes de personal tienen el derecho a solicitar datos sobre las prórrogas de las comisiones de servicio que emite la administración, aunque dicha información deberá ser proporcionada de forma despersonalizada o utilizando técnicas similares.

En su apelación, la Xunta argumentó que estaba protegiendo los datos de los empleados públicos, razón por la cual se negaba a facilitar dicha información, según la explicación de Burgos.

La representante sindical ha enfatizado la importancia de esta sentencia, respaldada por los datos presentados por su colega Manuel González. Desde 2021, se han realizado más de 4.700 nombramientos en comisión de servicio y 7.099 renovaciones, de las cuales, el 90% superan los dos años, colocándolas en una “situación irregular”.

La sentencia del Supremo aclara que el debate se centra en la disponibilidad de información sobre las 347 comisiones de servicio otorgadas actualmente por la administración gallega, incluyendo las resoluciones y los informes que justifican su necesidad y urgencia.

Se señala que esta información es crucial para asegurar el cumplimiento de la normativa vigente, la cual establece que las comisiones de servicio no pueden extenderse más de dos años sin justificación adecuada.

El tribunal recuerda que las comisiones de servicio deben ceñirse a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad que rigen los procesos de selección en las administraciones públicas, donde el concurso debería ser el método habitual de provisión de puestos de trabajo.

En este contexto, tanto Zeltia Burgos, como Manuel González y el portavoz de la CIG, Alexandre Prieto, han denunciado que la Xunta utiliza las comisiones de servicio como un mecanismo para otorgar favores, nombrando a funcionarios en localizaciones de alta demanda o en puestos de mayor categoría que ofrecen salarios más elevados.

Según la CIG, estas acciones representan un “intento de control” sobre los funcionarios y un medio para doblegarlos, lo que justifica su demanda de más transparencia. Si la Xunta no acata el fallo del Supremo y no proporciona la información solicitada, la central nacionalista no descartaría acudir a instancias legales para exigir “responsabilidades penales”.

La organización sindical sostiene que la Xunta mantiene una “bolsa” de plazas que no se incluyen en los concursos, perpetuando un sistema subjetivo que erosiona la independencia del funcionariado, favoreciendo nombramientos arbitrarios, particularmente en mandos intermedios y en localidades como Ourense y Vigo, donde es difícil acceder a puestos a través de los procesos de selección pública.