En una reciente declaración, Amnistía Internacional ha instado a la Consellería de Política Social de Galicia a desvincular la atención a la infancia migrante de las luchas políticas entre partidos y a implementar acciones concretas que beneficien el acogimiento de estos menores. La organización ha expresado su preocupación por la decisión de la Xunta de oponerse a la reubicación de 317 niños, niñas y adolescentes desde territorios como Canarias, Ceuta y Melilla, una medida propuesta por el Gobierno central.

Amnistía Internacional ha enviado un mensaje claro al Gobierno gallego, proponiendo seis acciones específicas que buscan garantizar los derechos fundamentales de los menores migrantes. Entre estas medidas se incluyen la necesidad de establecer una protección jurídica sólida y la identificación efectiva de cada una de las personas en situación de vulnerabilidad, así como activar los mecanismos de protección necesarios para su bienestar.

Actualmente, más de 5,800 menores no acompañados se encuentran en Canarias, alojados en instalaciones que están saturadas y no cumplen con los estándares adecuados, según ha señalado la organización. Esta situación requiere una respuesta urgente que priorice el interés superior de los menores y su derecho a condiciones de acogida dignas, donde puedan acceder a la documentación necesaria, a la protección internacional y a programas educativos que les faciliten su transición hacia la vida adulta, manifestó Sara Prieto, portavoz de Amnistía Internacional en Galicia.

Desde la perspectiva de la organización, es fundamental llevar a cabo un fortalecimiento del sistema de protección en Galicia, orientándose hacia un modelo de acogida más humano. Esto implica priorizar centros más pequeños y soluciones que incluyan el apoyo familiar, en lugar de optar por grandes macrocentros que no garantizan una atención personalizada y adecuada a los menores.

Adicionalmente, en su comunicación con la Xunta, Amnistía Internacional también ha resaltado la importancia de establecer vías accesibles y eficientes para que las víctimas de vulneraciones de derechos puedan denunciar tales situaciones. Asimismo, se ha solicitado una investigación exhaustiva sobre cualquier incidente de este tipo para asegurar la rendición de cuentas necesaria.

Por último, la organización ha instado al Gobierno gallego a adoptar medidas decisivas en la lucha contra el racismo y la discriminación, así como a adherirse al principio de solidaridad y responsabilidad compartida en la gestión de la crisis migratoria. Es imperativo construir un sistema que proteja a todos los menores sin distinción, asegurando su derecho a una vida digna y segura.