En Madrid y Santiago de Compostela, el 29 de enero, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha tomado una decisión significativa al anunciar la convocatoria de 25 plazas vacantes en diversos órganos de la justicia. Entre estas oportunidades, se encuentran dos posiciones de magistrado en la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, así como ocho presidencias de tribunales superiores de justicia, que incluye la del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), y otras ocho presidencias en audiencias provinciales.

Sobre este tema, miembros del TSXG han confirmado que su actual presidente, José María Gómez y Díaz-Castroverde, no se presentará a la reelección. Esta decisión marca un cambio importante en la estructura del liderazgo judicial gallego.

Gómez y Díaz-Castroverde, quien ha liderado el TSXG desde 2019, ha optado por concentrarse en su labor como magistrado en el tribunal gallego, alejándose del puesto de presidencia. En su trayectoria, ha acumulado más de diez años como presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, y cinco a cargo del TSXG, dando por cumplidos muchos de los objetivos propuestos al asumir esos roles. Siente que ha llegado el momento de permitir la llegada de nuevas ideas y enfoques que enriquezcan la justicia en Galicia.

Antes de su rol actual, entre 2009 y 2019, Díaz-Castroverde fue presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo y, previamente, desempeñó funciones en el Consello Consultivo de Galicia entre 1996 y 2007. Actualmente, también preside la Junta Electoral de Galicia y es miembro de la Real Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación. Su carrera ha sido reconocida con importantes distinciones, que incluyen la Medalla de Plata de Galicia y la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco.

Díaz-Castroverde inició su carrera judicial en 1981 y ha ocupado diversos roles de responsabilidad en el sistema judicial español, incluyendo las funciones de titular de Juzgados en San Sebastián y Madrid. Antes de llegar a la presidencia del TSXG, trabajó en el CGPJ como letrado y ocupó altos cargos en su estructura técnica.

El CGPJ, a través de un comunicado, ha anunciado que las vacantes serán publicadas oficialmente en el Boletín Oficial del Estado (BOE), lo que garantizará la transparencia del proceso. Además, se espera que en esta convocatoria se incluyan seis nuevas presidencias para la Sala de lo Social en diferentes tribunales superiores de justicia, abarcando regiones como Aragón, Extremadura, y incluso Madrid.

Notablemente, este anuncio llega en un día clave, ya que el CGPJ ha logrado la aprobación unánime para cubrir 21 de las 31 vacantes existentes en el Tribunal Supremo, un hecho que incluye notablemente la sala de lo Civil y Penal. Estas incorporaciones son un avance esencial, ya que la representación femenina en el alto tribunal casi se duplica, pasando de 10 a 18 mujeres magistradas, un paso significativo hacia la igualdad de género en las instancias judiciales más elevadas.

Entre los nombramientos destacados se encuentra Félix Azón, exdirector de la Guardia Civil, quien ahora formará parte de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo como magistrado especialista. La unanimidad en las decisiones del CGPJ se ha visto reflejada también en los nombramientos para las audiencias provinciales de Ávila, Barcelona y Teruel, mostrando un consenso en la dirección que está tomando el órgano de gobierno de los jueces.

Además, se han realizado nombramientos en las salas de lo Social de los tribunales superiores de justicia de Andalucía y Extremadura, así como en el Tribunal de Cantabria. Este esfuerzo por completar la estructura judicial busca dar respuesta a las vacantes acumuladas que han generado un estancamiento en el nombramiento de cargos clave dentro de la judicatura, un problema que proviene de la anterior falta de renovación del CGPJ, impedido por limitaciones impuestas desde una reforma de 2021.

Finalmente, el CGPJ ha designado a Miguel Hernández Serna como el nuevo secretario general, un paso más en el proceso de revitalización y modernización del sistema judicial español, que busca garantizar un servicio de calidad y representativo de la diversidad de la sociedad en la que opera.