El Ayuntamiento de Santiago ha tomado la decisión de interponerse en tres nuevos procedimientos legales para iniciar el proceso de baja de pisos turísticos, en un esfuerzo por regularizar la situación de este tipo de alojamientos en la ciudad.

El 7 de julio, se dio a conocer que el consistorio ha recibido siete alegaciones en respuesta a la ordenanza sobre la tasa turística. Estos comentarios están siendo evaluados por los diferentes departamentos involucrados. Con la vista puesta en lanzar la normativa en agosto, se ha programado una votación en el pleno del mes para conseguir la aprobación final.

Simultáneamente, el Gobierno local ha decidido convocar a las asociaciones del sector hostelero esta semana, con el objetivo de mantener un diálogo sobre la implementación de la tasa turística. Además, se llevarán a cabo reuniones abiertas para que aquellos que gestiona establecimientos obligados a aplicar este impuesto puedan conocer todos los detalles necesarios.

La ordenanza ya había recibido su primer visto bueno en un pleno extraordinario el 16 de mayo, donde se abrió un periodo para recibir alegaciones que finalizó el 2 de julio. De las siete alegaciones presentadas, cuatro resultaron ser idénticas, según informan fuentes locales consultadas por Europa Press.

Ante las críticas expresadas por algunos representantes del sector, que argumentan que el Ayuntamiento no ha mantenido un diálogo constante con ellos, la concejala de Turismo, Míriam Louzao, destacó que han existido múltiples reuniones. En particular, mencionó encuentros privados con asociaciones y una jornada centrada en la tasa, además de otros encuentros donde este tema fue discutido.

Louzao explicó: “Entendemos que existe cierto rechazo dentro del sector ante la implementación de este impuesto. Sin embargo, eso no significa que no se haya discutido la cuestión. Hemos hablado del tema, pero hay quienes no se convencen de la necesidad de su puesta en marcha”.

La concejala afirmó que se ha demostrado que la mayoría de la población y un gran número de miembros del sector respaldan esta medida. Por ello, reafirmó el compromiso del Ayuntamiento de mantener abierto el diálogo con los hosteleros, subrayando que la postura de una parte del sector no obstruirá la adopción de la normativa.

Adicionalmente, en la junta de gobierno local, se tomó el acuerdo de intervenir en tres procedimientos judiciales para proceder a la baja de propietarios de alojamientos turísticos no regulados. Esta acción suma un total de dieciocho participaciones en recursos similares.

Esta situación es consecuencia de la exigencia de la Xunta, que demanda que el Ayuntamiento gestione las bajas de las Viviendas de Uso Turístico (VUT) de manera individual a través del Registro de Empresas y Actividades de Transporte (REAT), algo que el consistorio ha criticado en numerosas ocasiones, pidiendo que se eliminen del registro aquellos alojamientos que carezcan de la licencia municipal.