El Gobierno de España ha presentado sus alegaciones ante el expediente infractor abierto por la Comisión Europea en relación con la ampliación de la concesión de la autopista AP-9, aprobada en 2000 por el gobierno de José María Aznar. En este sentido, el Ejecutivo ha argumentado que se ha vulnerado el principio de seguridad jurídica al cuestionar una decisión realizada hace más de dos décadas y ha denunciado la aplicación de una jurisprudencia inaplicable en este caso.

En su respuesta a la Comisión, el Gobierno ha destacado que la normativa comunitaria sobre contratación pública no es directamente aplicable en este caso debido a la excepción 'in house', ya que la concesionaria estaba controlada por el Estado en ese momento y operaba para el Estado, sin la participación de accionistas privados. Además, se ha argumentado que la directiva europea sobre reglas de publicidad no cubre las modificaciones de concesiones como la ampliación de la AP-9.

El Gobierno ha defendido que la venta de ENAUSA no está sujeta a la normativa de contratación pública, ya que se trató de una privatización y se han cumplido los principios de igualdad de trato y transparencia en este proceso. También ha reiterado que no se han infringido normativas europeas en relación con la ampliación de la concesión y la privatización de ENAUSA.

En su argumentación, el Gobierno español ha expresado su preocupación por la falta de objetividad y la presencia de presunciones y juicios de valor en el expediente de la Comisión, que ha causado graves perjuicios tanto al Estado como a terceros. Se ha destacado la importancia de remediar estos aspectos y evitar prolongar de manera indebida este proceso.

Además de los aspectos técnicos y jurídicos, el Gobierno ha destacado que, a pesar de no estar de acuerdo con la decisión tomada por el gobierno de Aznar en 2000, su responsabilidad es velar por el interés general y evitar los altos costes que implicarían anular la concesión de la AP-9 en manos de un operador privado como Audasa.

En este sentido, el Gobierno ha defendido las bonificaciones aplicadas para reducir el impacto de los peajes en los usuarios, destacando que se han logrado importantes ahorros para los conductores. Desde la aprobación de un nuevo esquema de bonificaciones en julio de 2021, los usuarios han ahorrado millones de euros en peajes y se han implementado subvenciones para limitar la subida de tarifas en todas las autopistas, incluyendo la AP-9.