La conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, ha presentado una petición al Gobierno central para que se haga una comisión bilateral para discutir la nueva ley de vivienda, antes de decidir si recurrirán su "inconstitucionalidad". En su intervención en el Parlamento gallego, la conselleira afirmó que la nueva ley está ocasionando una "parálisis" en ciertos proyectos, debido a la falta de "seguridad jurídica".

Vázquez también arremetió contra la nueva ley, afirmando que "genera confusión normativa e inseguridad, ataca directamente el derecho a la propiedad, prima a okupas frente a propietarios, apuesta por un modelo intervencionista que Galicia no comparte" y "da lugar a efectos nocivos que van a perjudicar tanto a inquilinos como propietarios". A pesar de todo, reconoció que la ley "hay que cumplirla" y que necesita una comisión bilateral para discutirla.

Por otro lado, Álexandra Fernández del BNG criticó al Ejecutivo estatal por "detener la maquinaria de vivienda protegida" cuando el PP llegó al poder en 2009, y señaló que, según datos de 2018, solo se construyeron "dos" viviendas públicas en Galicia. Eduardo Ojea del PSdeG criticó también las "cifras muy escasas" de construcción de vivienda pública por parte del PP y pidió que se cumpla con la nueva norma para limitar los precios del alquiler.

Por su parte, Begoña Freire del PP destacó el "compromiso" de la Consellería al apostar por un modelo "de marcado carácter social" y afirmó que la nueva ley solo beneficia a los okupas ilegales y encarecerá los precios.

Además, la Xunta ha anunciado su objetivo de aumentar el parque público en 1.800 viviendas hasta 2026, con un presupuesto de 250 millones. También se impulsará la construcción de vivienda protegida, con la puesta a disposición de cooperativas y promotores de suelo residencial ya urbanizado.