En un reciente juicio en Santiago de Compostela, las declaraciones de un testigo clave han dejado al descubierto fallos significativos en el sistema que permitió presuntamente la malversación de fondos por parte de una trabajadora social en Boiro, A Coruña. El secretario encargado del expediente disciplinario mencionado ha admitido que los métodos cuestionables de la acusada se descontrolaron gradualmente.

El funcionario reveló que "el sistema presenta fallas" al señalar que el informe utilizado para la fiscalización provino de la misma trabajadora social que está bajo acusación. Este testimonio se ofreció durante el proceso judicial en la Audiencia Provincial, donde se evalúa la situación en la que la empleada habría malversado más de 20,000 euros, según la Fiscalía.

Las acusaciones se centran en prácticas irregulares como cobrar por servicios que no deberían generar costo alguno, así como por obtener dinero de usuarios que, debido a su nivel de dependencia, no estaban obligados a pagar. El secretario comentó que con un presupuesto de alrededor de un millón de euros, era posible que se cometieran errores en los cobros, admitiendo que fueron las discrepancias las que destaparon el fraude.

Un testimonio clave durante el juicio fue el de varios familiares de usuarios, quienes indicaron que la trabajadora social les solicitaba que hicieran pagos en efectivo directamente, lo que rompía las normativas establecidas desde 2011 en Boiro, que estipulaban que los pagos debían realizarse mediante transferencia bancaria.

El testigo también mencionó la confianza que los usuarios depositaban en su trabajadora, lo que complicaba la situación. “La relación que se establece entre dependientes y trabajadora social es de una notable cercanía y dependencia emocional”, señaló.

En cuanto al manejo administrativo, el presidente de la sección de la Audiencia cuestionó cómo había quedado registrada una supuesta orden verbal vinculada a los pagos en efectivo, algo que el secretario consideró insostenible dada la gravedad de la situación.

La investigación sobre las irregularidades comenzó en 2015, al revisar documentación del 2014, lo que condujo a la identificación de las discrepancias en los fondos. A pesar de los intentos de la defensa por cuestionar el expediente administrativo, el enfoque del juicio se centra en los hechos concretos y no en la documentación, como recordó el presidente del tribunal.

El secretario también reveló que sus primeras alarmas sobre posibles irregularidades surgieron en enero de 2015, tras una conversación con la interventora sobre cómo actuar frente a un posible delito relacionado con los pagos. Su recomendación de formalizar la situación por escrito fue seguida por la interventora, cuyo accionar fue posteriormente objeto de escrutinio.

El alcalde de Boiro, por su parte, no se mostró sorprendido por las irregularidades y afirmó que “ningún alcalde desea que ocurran estos problemas en su administración”. La defensa de la acusada plantea que su despido se debió más a represalias por denunciar prácticas corruptas que a las supuestas malversaciones.