LUGO/MADRID, 12 de junio. En un reciente desarrollo del conocido como 'caso Koldo', la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha puesto bajo la lupa los contratos de obra pública que se adjudicaron a las empresas Acciona, Obras Públicas y Regadíos (OPR) y Levantina Ingeniería y Construcción (LIC). Estas adjudicaciones abarcan proyectos en diversas comunidades autónomas, incluyendo Andalucía, Asturias, Cataluña, Galicia, La Rioja, la Región de Murcia y Teruel.

Un proyecto relevante en Galicia es la licitación de Adif para realizar obras de tratamiento de puentes, túneles y explanaciones en un tramo de la línea 800 entre Monforte y Lugo. Este contrato fue adjudicado en agosto de 2021 a un consorcio llamado UTE Monforte 379, que incluía a OPR.

La situación dio un giro hace tres años cuando un representante de OPR se puso en contacto con Koldo para informarle sobre el colapso de un talud, anunciando que se iniciaría un proceso de licitación de emergencia para repararlo. Según la UCO, en esta comunicación también se le solicitó su influencia para asegurar que el proyecto fuese adjudicado a su empresa. Finalmente, esta obra se le otorgó por un monto de 1,4 millones de euros a la misma UTE en la que participaba.

En un informe anterior divulgado por Europa Press, se mencionaba que Koldo había buscado reunirse con el entonces presidente de ADIF, Ángel Contreras, a raíz de una petición del empresario Daniel Fernández. Esta reunión tenía el objetivo de discutir la adjudicación de otro contrato relacionado con obras en el segmento entre Monforte y Lugo.

A pesar de la insistencia en los informes, no queda claro si Koldo y Contreras lograron concretar algún encuentro. Se señala que Koldo "habría intentado reunirse" con Contreras el 21 de febrero de 2024, pero su única reunión ese día fue con Antonio Fernández, hermano del empresario, supuestamente para abordar los detalles de un nuevo contrato de emergencia.

Por su parte, el Partido Popular ha expresado su inquietud tras el contenido del informe de la UCO que investiga posibles irregularidades en la adjudicación por parte de Adif en el tramo entre Monforte y Lugo. La portavoz municipal del PP en Monforte, Katy Varela, comentó que tales noticias "socavan gravemente la imagen" del municipio y subrayó que, aunque no se ha comprobado la implicación del alcalde en esos documentos, la conexión con personas cercanas a él genera preocupación.

Los contratos en cuestión están vinculados a un extenso informe de 490 páginas que llevó al juez Leopoldo Puente a realizar registros en la vivienda del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, así como en diferentes empresas. Además de los lugares mencionados, las investigaciones se están extendiendo a comunidades como Andalucía, Asturias y La Rioja.

El informe detalla que se analizan grabaciones realizadas por el exasesor ministerial Koldo García entre 2019 y 2023, que han sido ahora recuperadas de sus dispositivos. Las conversaciones involucraban a Koldo, Ábalos y el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y en ellas se detecta un intento de cobrar “presuntas contraprestaciones económicas” vinculadas a la adjudicación de obras públicas, principalmente a Acciona SA y su filial Acciona Construcción SA.