El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha instado al gobierno de Rueda a eliminar cualquier obstáculo para que ciudades como A Coruña y Santiago puedan ser designadas como zonas de mercado residencial tensionado, lo que les permitiría implementar límites en los precios de los alquileres.

Durante una reciente visita a Santiago de Compostela, Bustinduy anunció que el Ministerio que dirige está preparando un informe que contiene 14.960 propiedades turísticas registradas en plataformas digitales. De esta cifra, un alarmante 60%, es decir, 9.125 viviendas, no cumplen con la normativa al no mostrar el número de registro requerido, lo que las clasifica como ilegales según la administración gallega.

El ministro hizo este anuncio tras reunirse con la alcaldesa de la ciudad, Goretti Sanmartín, a quien le entregó un registro preliminar que se ampliará con el archivo digital que se enviará a la Xunta. Este documento revela que, actualmente, hay en Santiago un total de 406 alojamientos turísticos, muy por encima de las meras 66 licencias que el Ayuntamiento ha concedido hasta la fecha.

La colaboración entre el Gobierno central y el municipio se concretará en la entrega de las direcciones de 221 de estas viviendas, lo que facilitará su inspección y, si es necesario, su clausura. Bustinduy aseguró que el Ministerio proporcionará las herramientas jurídicas necesarias para garantizar que se detenga la comercialización de propiedades ilegales en grandes plataformas.

En un mensaje claro a la Xunta de Galicia, Bustinduy enfatizó la importancia de actuar de manera conjunta para controlar la situación del mercado de la vivienda, que considera descontrolada. "Si trabajamos de forma colaborativa, podemos sentar las bases para que cada administración realice su parte en la solución de este grave problema", afirmó, reivindicando la importancia de una respuesta coordinada.

Asimismo, el ministro demandó al gobierno autonomista que no obstaculice la declaración de zonas tensionadas en ciudades como A Coruña y Santiago, que ya han mostrado interés en esta designación. En el caso de A Coruña, incluso han comenzado el proceso formal para solicitarlo.

Desde su perspectiva, no es aceptable que no se activaran las herramientas necesarias para regular los precios de los alquileres en las ciudades más grandes. Como ejemplo citó a Cataluña, donde ya se han implementado normativas similares, instando a todos los partidos, incluido el Partido Popular, a dejar de lado excusas y aplicar de inmediato la Ley de vivienda en las comunidades que gobiernan.

La alcaldesa de Santiago, por su parte, destacó que la reunión tuvo como eje central la regulación de los alojamientos turísticos. Ella subrayó la importancia de trabajar conjuntamente con el Gobierno central para eliminar de las plataformas cualquier oferta que sea considerada ilegal y que no tenga la debida autorización municipal.

Goretti Sanmartín reafirmó el compromiso de su administración con las necesidades habitacionales de los ciudadanos y manifestó su intención de colaborar con todas aquellas entidades que compartan esta visión. "Santiago ha demostrado ser un referente en políticas de vivienda, y seguiremos luchando para garantizar el acceso a la vivienda para todos", concluyó.

Bustinduy también valoró positivamente el trabajo realizado por el Ayuntamiento para abordar el problema de la oferta turística ilegal, subrayando que estas acciones son imprescindibles para contener el aumento de precios en el mercado inmobiliario, un fenómeno que afecta gravemente a la población trabajadora y que requiere de una respuesta urgente y decidida.