24h Galicia.

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El Tribunal Constitucional deniega los recursos de Galicia y Andalucía sobre el impuesto a las grandes fortunas.

El Tribunal Constitucional deniega los recursos de Galicia y Andalucía sobre el impuesto a las grandes fortunas.

El Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado los recursos de inconstitucionalidad presentados por la Junta de Andalucía y la Xunta de Galicia contra el impuesto a las grandes fortunas. Este impuesto se aplica al patrimonio neto de las personas físicas que superen los 3 millones de euros. La corte de garantías ha informado que los magistrados conservadores Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y César Tolosa presentarán votos particulares en contra de la decisión de la mayoría progresista, representada por los magistrados Juan Carlos Campo y Ricardo Enríquez.

En este sentido, el TC ya había rechazado anteriormente el recurso presentado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. Ante la previsibilidad de esta decisión, la Xunta anunció la semana pasada su intención de modificar el marco legal para que Galicia pueda quedarse con lo recaudado a través de este impuesto.

Según el Tribunal Constitucional, el impuesto a las grandes fortunas no vulnera las competencias autonómicas en materia fiscal ni es confiscatorio. Sin embargo, reconoce que la Comunidad de Madrid podrá perder su atractivo fiscal al tener que gravar a aquellos residentes con un patrimonio superior a 3 millones de euros, lo que podría disuadir la llegada de riqueza al territorio madrileño.

Además de Madrid, Andalucía, Galicia y Murcia también han recurrido este impuesto. Tanto el Gobierno madrileño como el andaluz solicitaron la suspensión cautelar de su aplicación, pero el Constitucional lo denegó.

Los magistrados conservadores argumentan que este impuesto impugnado es inconstitucional porque vulnera la autonomía financiera y política de las comunidades autónomas, neutralizando la defensa de sus intereses. También señalan que la forma de aprobación de la iniciativa legislativa supone un menosprecio al principio democrático y una violación de los derechos de representación política de las minorías y del principio de legalidad tributaria.

Por último, los firmantes de los votos particulares sostienen que este impuesto también vulnera el principio de seguridad jurídica y la protección de la confianza legítima de los ciudadanos en la actuación de los poderes públicos, al ser aplicado de manera sorpresiva.