El cumplimiento de las normas internas del Partido Socialista (PSOE) en Santiago de Compostela ha generado tensiones significativas, dejando a su portavoz, Gonzalo Muíños, en un delicado estado de suspensión. Este dirigente ha sido apartado de la militancia del partido por un periodo de 18 meses debido a lo que se considera una "indisciplina reiterada", tal como establece la resolución del expediente que se le ha abierto.

La decisión se fundamenta en una serie de diez infracciones graves o muy graves que Muíños habría cometido, según el informe al que tuvo acceso Europa Press. Estas violaciones han llevado a una suspensión que afecta no solo su militancia, sino también su capacidad para ejercer su cargo público, lo que obligará a la ejecutiva municipal a elegir un nuevo portavoz entre los miembros del grupo.

La controversia que ha llevado a esta sanción se desató durante un pleno celebrado el 24 de junio, cuando los concejales desafiaron las directrices establecidas por la dirección local, encabezada por Aitor Bouza, al votar a favor de una ordenanza sobre la regulación de viviendas de uso turístico (VUT). Este acto de desobediencia ha puesto en evidencia las fracturas internas dentro del partido en la localidad.

El 24 de junio no solo fue testigo del desacuerdo en la votación, sino que también coincidió con la decisión de la dirección del PSOE de reemplazar a dos asesores del grupo municipal. Muíños no suscribió esta orden, dejando a los implicados continuar en sus posiciones, lo que generó más tensiones en el grupo local.

Recientemente, la ejecutiva federal del PSOE ha emitido una resolución que se deriva del expediente iniciado, donde se investigaron quince posibles incumplimientos de las normas del partido, y se ha encontrado probado un total de diez. Esta resolución se produjo tras un proceso de investigación extenso liderado por el instructor Moisés Rey, quien había propuesto dicha sanción ya en diciembre pasado.

La dirección del partido considera que se ha comprobado la indisciplina del portavoz municipal en la serie de incumplimientos determinados, resultando en una suspensión que se basa en el acumulado de sanciones individuales. Las faltas en cuestión, definidas como graves y muy graves, incluyen acciones que obstruyen el ejercicio de las decisiones del partido y otras conductas que socavan los acuerdos adoptados por sus órganos de dirección.

El PSOE ha dejado claro que Muíños no ha cumplido con su compromiso de acatar las decisiones del partido, una directriz necesaria para cualquier miembro que aspire a formar parte de la candidatura socialista en elecciones municipales. Este compromiso incluía la obligación de seguir las resoluciones y directrices emanadas de los órganos internos del PSOE, así como asumir las consecuencias de cualquier indisciplina.

Es notable que la votación que provocó este conflicto se cerró con un apercibimiento a Muíños, ya que, según se ha acreditado, tanto la ejecutiva municipal como el grupo municipal compartían la meta de regular el uso de pisos turísticos. Sin embargo, las diferencias surgieron en cuanto a la estrategia a seguir, ya que la dirección local quería vincular la aprobación de la ordenanza con iniciativas más amplias sobre vivienda, incluyendo la declaración de zonas tensionadas y la ocupación de viviendas vacías.

En contraste, el Grupo Municipal buscaba llevar a cabo la aprobación de la ordenanza sin más exigencias que las ya establecidas por el anterior gobierno socialista, lo que refleja la discusión no solo sobre la normativa, sino también sobre la visión política y social del PSOE en la ciudad.