El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha presentado sus argumentos ante la Comisión Europea para evitar la anulación de la concesión de la AP-9, con el objetivo de proteger el interés general.

VIGO, 23 de agosto.

En respuesta a la carta de emplazamiento de la Comisión Europea por la ampliación irregular de la concesión de la AP-9, el Ministerio ha justificado que la extensión aprobada por el gobierno de Aznar en 2000 se realizó cuando la concesionaria era una empresa pública.

Óscar Puente, a cargo del Ministerio, ha destacado la necesidad de evitar el rescate de la autopista debido al alto coste que implicaría para las arcas públicas, estimado en aproximadamente 4.000 millones de euros, además de otros 2.000 millones en caso de transferencia a Galicia.

El Gobierno ha defendido su actuación argumentando que las políticas de movilidad y reequilibrio territorial van en contra de decisiones tomadas anteriormente, pero han subrayado su responsabilidad de velar por el interés general, aunque no compartan la medida adoptada por el gobierno de Aznar hace más de dos décadas.

El Ejecutivo ha recordado que al modificar y prorrogar la concesión, la concesionaria era propiedad del Estado a través de ENAUSA (Empresa Nacional de Autopistas).

En respuesta a las preocupaciones de la Comisión Europea, el Gobierno ha explicado que ampliaron la concesión para compensar diferentes proyectos y han implementado bonificaciones y subvenciones para reducir el impacto de los peajes en los usuarios.

A pesar de estas acciones, la asociación de consumidores En-Colectivo ha insistido en la necesidad de rescatar la autopista, argumentando que no hay justificación suficiente para mantener la concesión hasta 2048.

Diego Maraña, presidente de En-Colectivo, ha señalado que el rescate sería menos gravoso que continuar con la concesión, ya que en 56 años solo se ha amortizado el 40% de la autopista, destinando la mayoría de los ingresos a beneficios en lugar de mejoras.

Maraña ha criticado al Gobierno por no cumplir su compromiso con el BNG en el acuerdo de investidura, favoreciendo a Cataluña en lugar de atender las necesidades de Galicia.