VIGO, 3 de septiembre.

En un giro sorprendente de los acontecimientos, cuatro de los inculpados en el macrojuicio relacionado con el envío de 3,8 toneladas de cocaína a través del buque Karar han abandonado España, a pesar de haber sido previamente sometidos a una estricta prohibición de salida y la confiscación de sus pasaportes.

Estos individuos forman parte de un grupo más amplio de 28 personas procesadas en este caso, entre las que se encuentra el arousano Juan Carlos Santórum. Todos ellos esperan la decisión judicial final por el alijo, que fue interceptado en abril de 2020 tras un exhaustivo juicio que tuvo lugar en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra.

Fuentes del sistema judicial han confirmado que la Audiencia Provincial fue informada de la salida de estos cuatro acusados gracias a un aviso emitido por la División de Cooperación Internacional, que detectó su movimiento en los aeropuertos.

A pesar de estar en libertad provisional después de cuatro años de detención, estos cuatro hombres tenían como condición de su libertad la prohibición de salir del país y la entrega de sus pasaportes.

Ante esta situación, la Audiencia ha decidido enviar documentación sobre el caso a los juzgados de guardia, investigando si estos acusados han cometido un delito al evadir las medidas cautelares impuestas, según lo señalado por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Uno de los fugitivos es el capitán del barco, Alim Ullah, procedente de Bangladesh, quien en el juicio admitió tener pleno conocimiento de que su embarcación transportaba cocaína hacia las rías gallegas. El Karar partió de Panamá y recogió los paquetes de droga frente a las costas colombianas, siendo supervisado en el transcurso de su viaje por José Manuel B.G., el único español entre los 15 tripulantes, cuya mayoría es de Bangladesh y Nepal, y que, curiosamente, navegaba durante la crisis sanitaria por la Covid-19.

Tras 10 meses de audiencias y más de 30 sesiones, el macrojuicio concluyó en febrero de este año, aunque todavía se aguarda la sentencia final que determinará el futuro de los imputados.

En su alegato final, el fiscal revisó sus conclusiones y propuso una disminución de la pena solicitada, pasando de 13 a 7 años y medio de prisión para los tripulantes del Karar, quienes están acusados de tráfico de drogas y pertenencia a una organización criminal.

En cuanto al arousano Juan Carlos Santórum y otros acusados de su círculo cercano, el ministerio público se mantuvo firme en su propuesta de 18 años y medio de cárcel, además de una sanción económica de 438 millones de euros. También se anuncia una extensa lista de penas para otros implicados, que van desde 13 hasta 19 años y medio de prisión, incluyendo a un exfuncionario de Aduanas y su esposa, por delitos de blanqueo.