Una reciente sentencia de la sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña ha dictaminado que la excoordinadora del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) de Boiro enfrenta una pena de un año y medio de prisión por el delito de malversación de fondos públicos. Además, deberá indemnizar al Ayuntamiento con 13.669,68 euros y compensar a las personas afectadas o sus herederos con un total de 7.327,86 euros.

Los acontecimientos se remontan al período en que la acusada trabajó en el SAF, desde 1994 hasta su despido en agosto de 2015, tras la apertura de un expediente disciplinario en su contra por parte del Ayuntamiento. Durante su tiempo en el cargo, actuó como coordinadora del servicio desde 2013, pese a que ya había comenzado a llevar a cabo prácticas irregulares que comprometerían su integridad profesional.

La investigación reveló que la coordinadora mantenía en su poder las contribuciones económicas que los usuarios del servicio debían realizar, en lugar de depositarlas en la tesorería municipal. La suma de estos fondos, tal como indica la sentencia, alcanzó los 22.025,54 euros, aunque la Fiscalía había elevado esta cantidad en sus alegaciones durante el juicio, celebrado en julio de este año.

Además de la pena privativa de libertad, la Audiencia también ha determinado que la exempleada queda inhabilitada para ejercer cualquier cargo público relacionado con la asistencia social durante un total de cuatro años y seis meses. Esto incluye la imposibilidad de trabajar en el ámbito de la atención a personas mayores o vulnerables, asegurando que tales puestos sean ocupados por personas con el compromiso necesario.

La sentencia también establece una multa de 3.370 euros por la comisión de delitos de exacciones ilegales, consecuencia de su conducta deshonesta. Esto incluye la suspensión del ejercicio del empleo público por 20 meses y 7 días, lo que refleja la gravedad de sus acciones en el ámbito de la administración pública.

El tribunal ha destacado la existencia de una atenuante relevante debido a las demoras excesivas en el proceso legal. En cuanto a los afectados, la situación era aún más compleja. Muchos de ellos habían hecho aportaciones que eran supuestamente voluntarias o incluso no exigibles, como determinaba la normativa en casos de “coste cero” debido a su situación económica precaria. Sin embargo, la acusada les solicitaba contribuciones que finalmente se quedaba para su enriquecimiento personal.

El Ayuntamiento comenzó a tener indicios de las irregularidades de la coordinadora a finales de 2014, lo que desencadenó el expediente disciplinario que culminó en su despido. Esta acción fue avalada posteriormente por la jurisdicción social, marcando un importante paso hacia la rendición de cuentas en la gestión de recursos públicos y la protección de las personas en situaciones de fragilidad.