En una reciente intervención en el Parlamento, la portavoz de Política Forestal del Grupo Socialista, Carmen Rodríguez Dacosta, ha lanzado una contundente demanda a la Xunta para que acelere el proceso de aprobación de la Ley Galega de Loita Integral contra os Incendios Forestais. Esta normativa, que se anunció hace dos años, sigue sin avanzar mientras los incendios forestales y la inseguridad en las aldeas gallegas se intensifican.

Rodríguez Dacosta criticó al Partido Popular por optar por la propaganda en lugar de implementar soluciones efectivas para la crisis forestal. En un mensaje distribuido a los medios, expresó: “La ley sigue guardada en un cajón, mientras nuestros montes arden y la ciudadanía se siente cada vez más desprotegida por la falta de acción del Gobierno.” Según la diputada, la normativa ha quedado estancada en la Xunta desde que finalizó el proceso de consulta pública el 7 de junio de 2023.

La diputada subrayó la evidente “falta de gestión” en las estrategias de prevención del Gobierno gallego, señalando que la improvisación ha reemplazado a la planificación adecuada. “Es inaceptable que el PP no muestre un verdadero compromiso con la protección de nuestros territorios y la seguridad de la gente”, afirmó Rodríguez Dacosta, evidenciando la falta de acción efectiva ante la crisis forestal.

Además, la portavoz socialista mencionó que el Gobierno tampoco ha hecho caso a lo establecido en el Plan Forestal de Galicia, el cual establece que la ley debería haberse presentado a más tardar en 2025. La falta de atención a estos plazos pone en riesgo la salud del ecosistema y la seguridad de los gallegos.

Por ello, exigió al Ejecutivo gallego que proporcione “explicaciones claras y hechos concretos”, instando a que la ley sea presentada “inmediata y urgentemente”. Según su perspectiva, es imperativo que el Gobierno cumpla con sus obligaciones en cuanto a la prevención y defensa contra los incendios forestales, y pide que el proyecto de ley sea entregado antes de que concluyan este año.

Rodríguez Dacosta también hizo un llamado a una tramitación “transparente y participativa” de la ley, indicando que deben ser incluidas las voces de ayuntamientos, comunidades de montes, organizaciones profesionales, el ámbito académico, colectivos sociales y otros partidos políticos representados en el Parlamento. Asimismo, destacó la importancia de establecer un “calendario vinculante” para asegurar que la norma se aplique de manera efectiva.