En una reciente rueda de prensa celebrada en la ciudad de Vigo, la portavoz nacional del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Ana Pontón, ha denunciado lo que considera "irregularidades" perpetradas por la Xunta de Galicia en relación con la concesión del Hospital Álvaro Cunqueiro. Según ha indicado Pontón, estas irregularidades estarían destinadas a beneficiar a constructoras con conexiones políticas con el Partido Popular (PP).

Pontón no ha escatimado en criticar al gobierno de Alberto Núñez Feijóo, afirmando que los ciudadanos gallegos han tenido que asumir un "sobrecoste" de 470 millones de euros debido a la elección de un modelo de construcción privatizado para el hospital. "El objetivo nunca fue proporcionar a Vigo la mejor sanidad pública, sino fomentar la sanidad privada y permitir que se sigan realizando negocios con la salud de los vigueses, beneficiando a empresas constructoras afines al PP", ha enfatizado la portavoz durante su intervención.

En su análisis, la dirigente del BNG también ha mencionado la conexión de ex altos cargos del PP con algunas de las compañías implicadas en la construcción del hospital, destacando nombres como Tomás Pérez Vidal y Agustín Fernández, ligados a la firma Puentes y Calzadas. También ha citado a Rodrigo Rato, ex presidente de Bankia, que tuvo un papel en la financiación del consorcio encargado de la obra.

Más allá del elevado sobrecoste, Pontón ha centrado la atención en otras "irregularidades" significativas, tales como la reducción de la superficie construido en relación con el proyecto original. A pesar de esta disminución, la Xunta no vio reflejada una reducción equivalente en el costo total, que se estima en unos 30 millones de euros adicionales.

Los hallazgos del BNG han llevado a la conclusión de que la Comisión del Parlamento de Galicia ha puesto de manifiesto una "falsa idea" que sugiere que la opción seleccionada para la construcción del hospital fue la única disponible. "Fue, en realidad, una decisión política alineada con su ideología neoliberal. Ni era la única opción, ni la más beneficiosa para las arcas públicas", ha lamentado Pontón, quien además ha señalado las dificultades que enfrentaron para acceder a ciertos documentos relevantes, una queja que han elevado al Tribunal Constitucional sin aún recibir respuesta.

En respuesta a la pregunta sobre la efectividad de la comisión, Ana Pontón ha afirmado que su desarrollo ha permitido evidenciar cómo el PP gestiona los recursos públicos, utilizando la Xunta para favorecer a individuos con vínculos al partido. Según su criterio, también se hicieron evidentes las "irregularidades" en la tramitación de la concesión, que se amplió una vez concedida, limitando la competencia al impedir que otras firmas pudieran participar, señalando que inicialmente los servicios se iban a limitar al Cunqueiro, pero ahora también incluyen el Meixoeiro y Nicolás Peña.