El Consello de Contas exhorta al gobierno autonómico a aumentar la inversión en la prevención de la violencia de género, señalando que las políticas actuales tuvieron un impacto mínimo durante 2022.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 31 de julio.

Roberto Barba, director xeral de Loita contra a Violencia de Xénero, ha expresado que una de las motivaciones que puede llevar a un agresor a cometer actos fatales contra una mujer es la decisión de ésta de terminar la relación, lo que considera un factor desencadenante crucial.

Su afirmación se basa en las alegaciones presentadas ante el informe del Consello de Contas, que evalúa las iniciativas de la Xunta para combatir la violencia de género en la Comunidad entre 2018 y 2022. En este contexto, el documento insta al Ejecutivo a redoblar esfuerzos y a destinar más recursos a la sensibilización y prevención, ya que considera vital que estas políticas se implementen de manera continua y se amplíen a toda la población para alcanzar la "erradicación" del fenómeno.

Según el informe al que tuvo acceso Europa Press, la Xunta ha presentado seis páginas de observaciones firmadas por Barba, quien critica la postura de la entidad fiscalizadora al señalar que la cifra de mujeres asesinadas es un indicador clave del progreso en las políticas de prevención. Barba argumenta que en el informe no se ofrecen datos concretos que respalden esa afirmación.

"Lamentablemente, el número de asesinatos no está directamente relacionado con la efectividad de las políticas de sensibilización y prevención", afirma Barba, quien también alerta sobre un alarmante incremento de actitudes machistas entre la juventud.

En un análisis interinstitucional sobre los asesinatos por violencia de género, se ha encontrado que en numerosos casos, la decisión de la mujer de finalizar la relación es lo que precipita actos violentos por parte del agresor, a veces llegando incluso al suicidio tras el crimen.

Este punto figura en el anexo del informe que solicita a la Consellería una mayor asignación de recursos para las acciones preventivas. En cuanto a la actual distribución de los fondos, evidencia que en 2022, el 97% de los recursos de la Comunidad se destinaron a la protección y atención de las víctimas, dejando apenas un margen mínimo para la prevención y sensibilización. Detalla que, incluso los fondos de la Unión Europea, se han enfocado principalmente en la inclusión laboral y la formación de las víctimas.

Asimismo, el informe señala que, entre 2018 y 2022, se observó una clara disminución del presupuesto destinado a la prevención, en contraste con el aumento sostenido de los recursos dirigidos a la protección de las víctimas.

Además, algunos programas relacionados con la prevención y sensibilización se han dirigido más hacia el desarrollo de políticas de igualdad de género en general, en lugar de enfocarse de manera específica en la violencia machista, lo que diluye su efectividad.

El Consello de Contas también destaca que, durante el periodo 2018-2022, los refugios para víctimas de violencia de género en Galicia han sido principalmente gestionados por entidades municipales y privadas, siendo el Centro de Emergencias para Víctimas de Violencia de Género (CEMVI) el único operado por el Consorcio Galego de Servizos e Igualdade e Benestar. Sin embargo, se reconoce que la ocupación promedio de estas plazas fue solo del 69,4% durante este periodo.

El análisis indica que, del periodo 2014 a 2023, el programa de Protección y Apoyo a Mujeres que sufren violencia de género ha sido uno de los que más ha incrementado su ejecución en Galicia. A pesar de ello, se observa que el crecimiento presupuestario no ha sido acompañado por un aumento proporcional en el número de empleados, que ha disminuido de 19 a 17 entre 2018 y 2022.

En consecuencia, el Consello de Contas recomienda que la consellería de Política Social e Igualdade busque aumentar la plantilla en la dirección dirigida a combatir la violencia de género para alinearla con el crecimiento en el presupuesto destinado a este fin y evitar la dependencia de personal temporal y la externalización de servicios.

Asimismo, sugiere que la consellería realice una planificación más efectiva de los procesos de contratación y la convocatoria de subvenciones, especialmente para programas que se repiten anualmente.

Finalmente, se propone que se valore el impacto de las ayudas continuadas, como las destinadas al alquiler, en la recuperación integral de las víctimas, subrayando la importancia de realizar evaluaciones periódicas basadas en indicadores que permitan implementar mejoras en la eficacia de estas iniciativas, si fuera necesario.