La concesionaria de Itínere, Audasa, ha comunicado su intención de reclamar al Estado más de 1.000 millones de euros en concepto de indemnizaciones si la Comisión Europea encuentra irregularidades en el actual contrato de concesión de la AP-9 entre Ferrol y Tuy. La indemnización sería "significativamente superior" al importe actual de su deuda.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha afirmado que, a febrero de 2023, no había previsto ninguna actuación que pueda afectar a la relación contractual de la concesión. El Ministerio defiende que la Comisión Europea aún no ha declarado contrario a derecho esta prórroga.

En septiembre de 2021, la Comisión Europea abrió expediente a España por la extensión de la concesión de esta autopista, al considerar que la ampliación de los peajes hasta 2048 no se hizo de acuerdo a la legislación europea.

Si la Comisión Europea concluye que España no ha cumplido con la legislación europea, el primero de los pasos sería pedir formalmente al Gobierno español que dé cumplimiento a las leyes comunitarias. Si el Gobierno mantuviese el incumplimiento, la Comisión podría remitir el asunto, mediante demanda, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

En caso de que se adopten medidas que contemplen la modificación o terminación del vigente contrato de concesión por causa no imputable a Audasa y por razones de interés público, la empresa tendría derecho a ser debidamente indemnizada. Esto implicaría una significativamente superior al importe actual de su deuda, según ha advertido la empresa.

Posteriormente, si el Estado no ejecutara la sentencia, la Comisión podría iniciar un segundo procedimiento de infracción mediante el envío de una segunda carta de emplazamiento.

Por ahora, Audasa ha confirmado que en el último año no se encuentra incursa en procedimientos gubernamentales, judiciales o de arbitraje, incluidos aquellos procedimientos que aún están pendientes de resolución o que podrían iniciarse según conocimiento de la empresa.