En un contexto de tensiones políticas, las diferentes administraciones han decidido reunirse para abordar dos artículos de la ley de presupuestos gallega para 2025, así como siete de la normativa de medidas asociada, que se han convertido en foco de controversia.

La cita se llevará a cabo en Santiago de Compostela el próximo 11 de abril, donde representantes del Gobierno central y de la Xunta buscarán limar asperezas y encontrar soluciones que eviten que la disputa escale a instancias judiciales.

De acuerdo con información publicada en el Diario Oficial de Galicia, se han oficializado tres acuerdos entre las partes, lo que refuerza el compromiso de sentarse a la mesa de negociación para resolver las diferencias planteadas por el Ejecutivo central, además de la designación de grupos de trabajo y la comunicación correspondiente al Tribunal Constitucional.

En el centro de la controversia se encuentran dos artículos específicos de la ley de presupuestos. El artículo 8, que se refiere a las transferencias de crédito, y el artículo 13, que se ocupa de la contratación de personal, han sido objeto de interés por parte del Gobierno, así como de las implicaciones en la gestión de empleados interinos en la autonomía y sus organismos públicos.

No obstante, el Gobierno central también ha centrado su atención en la ley de medidas, planteando inquietudes sobre el artículo 30, que propone un nuevo marco para la regulación del aprovechamiento de la energía eólica. Según fuentes de la Xunta consultadas por Europa Press, el Gobierno central busca que Galicia abandone su compromiso de asegurar que los proyectos energéticos generen beneficios tangibles para las comunidades locales, una disposición que está alineada con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima para 2023-2030.

El Ejecutivo gallego, liderado por Alfonso Rueda, ha manifestado su desconcierto ante el hecho de que el Gobierno central no haya considerado medidas comparables en otras comunidades, como Navarra o Baleares, que resultan incluso más intervencionistas.

Los debates también abarcarán la posibilidad de repotenciación de parques eólicos y la competencia de la Xunta para facilitar la instalación de nuevos parques fuera de las áreas preestablecidas. Desde el Gobierno central señalan que la regulación en torno a las zonas de aceleración renovable corresponde al ámbito estatal.

Además de las cuestiones energéticas, el Ejecutivo central ha expresado su desacuerdo con los artículos 72 y 79 de la ley de medidas, que se refieren a la parcelación de terrenos y la reciente reforma de la ley autonómica de vivienda.

Los artículos de la ley de acompañamiento que también generan discordia incluyen el número 45, vinculado a la ley de servicios sociales, el 48, que modifica un decreto sobre el Consejo Gallego de Economía y Competitividad, el 89, que afecta un apartado de la ley de medidas de 2018, y el 97, que revisa la ley de empleo público de 2015.

En relación a la normativa de servicios sociales, la Xunta ha manifestado que el Gobierno central pone en duda la legalidad de interrelacionar el grado de discapacidad con el de dependencia, un avance destinado a facilitar el acceso a ayudas financieras.

Aparte de la discusión legal, esta modificación en el acceso podría impactar en la recaudación fiscal estatal, dado que podría afectar las deducciones fiscales aplicables a aquellos cuyo grado de discapacidad sea reconocido tras la concesión del grado de dependencia.