La reciente decisión de la sección segunda del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha puesto de relieve la responsabilidad de las autoridades gallegas en la protección del medio ambiente y los derechos de los ciudadanos. En un fallo contundente, el tribunal ha condenado a la Xunta de Galicia y a la Conferencia Hidrográfica Miño-Sil por su inacción ante la grave degradación ambiental que afecta al embalse de As Conchas, ubicado en Ourense.

Este fallo judicial establece que la inacción de estas instituciones no solo ha contribuido a la degradación del entorno, sino que también ha vulnerado derechos fundamentales como el derecho a la vida, la intimidad, la inviolabilidad del hogar y el disfrute del agua, todos ellos aspectos esenciales para la calidad de vida de los vecinos del área.

La demanda que desencadenó este fallo fue presentada en marzo por una cohesiva unión de voces: la asociación de vecinos de As Conchas, la Federación de Consumidores y Usuarios CECU, y un grupo de siete ciudadanos locales. Juntos, levantaron la voz ante lo que consideran un grave descuido de las administraciones encargadas de salvaguardar su bienestar y su entorno vital.

El TSXG ha puesto en el centro de su decisión la falta de acción de las autoridades, quienes, a pesar de estar plenamente informadas y obligadas legalmente a intervenir, no han implementado las soluciones necesarias. Esta afirmación del tribunal resalta una falta de compromiso hacia el bienestar de la comunidad y sus recursos naturales.

Ante esta situación, el tribunal ha ordenado a la Xunta y a la CHMS que adopten de forma inmediata las medidas requeridas para detener los olores desagradables y la degradación del espacio acuático de As Conchas, asegurando de este modo que los residentes puedan volver a ejercer plenamente sus derechos fundamentales. Este es un llamado a la acción que busca restaurar el equilibrio y la salud en la región.

Además, el TSXG ha enfatizado la urgencia de garantizar un abastecimiento de agua potable que sea limpio, seguro y libre de contaminantes, reafirmando así el derecho humano al acceso a agua de calidad. Este aspecto es vital para proteger la salud pública y restaurar la confianza de la comunidad en sus instituciones.

Por otro lado, el tribunal desestimó las reclamaciones contra los ayuntamientos de Bande, Os Blancos, Trasmirás Lobeiras y Muiños, centrando así la responsabilidad en las entidades ya mencionadas. Esta decisión deja claro que la lucha por un entorno saludable y derechos protegidos continúa en la región gallega.