En el barrio compostelano de Fontiñas, vecinos del piso relacionado con el consumo de drogas llevan tiempo denunciando la situación al instituto de vivienda de la Xunta. El inmueble había generado malestar debido a los desperfectos que causaban los constantes visitantes drogodependientes. La comunidad de vecinos de los dos bloques decidió enviar un escrito al Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), ya que el inquilino había recibido una ayuda de la Xunta para el alquiler.

A pesar de que el IGVS había subvencionado el alquiler de este piso a través del 'Bono de alugueiro social', los vecinos exigían que se le retirara dicha ayuda debido al uso que el inquilino hacía de la vivienda. Sin embargo, fuentes gubernamentales han señalado que el IGVS no tiene la competencia ni la capacidad para intervenir en asuntos relacionados con el tráfico de drogas, ya que se trata de un tema de seguridad ciudadana y la vivienda es propiedad privada.

El propietario de la vivienda había denunciado la situación a la policía y este miércoles, tras recibir una llamada alertando del olor que salía del piso, las fuerzas de seguridad encontraron el cadáver de una mujer de 36 años. Varios vecinos aseguran que llevaban semanas sin movimiento ni ruido en el piso y que habían enviado un escrito al IGVS advirtiendo de que la situación acabaría de esta manera.

Ante esta situación, la comunidad de vecinos había contratado a un guardia de seguridad para mantener la tranquilidad en el edificio. Sin embargo, a pesar de los intentos de encontrar una solución entre el propietario, la comunidad y la asociación de vecinos de Fontiñas, el conflicto terminó en tragedia.

Según fuentes de la Xunta, esta vivienda no está registrada en el IGVS y no ha habido intervención por parte del Gobierno gallego en el contrato de alquiler realizado entre el propietario y el inquilino. A pesar de que el inquilino fue beneficiario del 'Bono de alugueiro social', en la actualidad ya no percibe esta prestación.