24h Galicia.

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Un tribunal anula la adjudicación del servicio de atención domiciliaria en Vigo tras la denuncia de CC.OO.

Un tribunal anula la adjudicación del servicio de atención domiciliaria en Vigo tras la denuncia de CC.OO.

VIGO, 6 de junio. En un reciente giro de acontecimientos, el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia ha invalidado la licitación del contrato para el servicio de ayuda en el hogar en Vigo. Esta decisión se produce tras la presentación de un recurso por parte del sindicato Comisiones Obreras (CC.OO.), que denuncia que los pliegos no cumplen con la legislación actual.

En una conferencia de prensa, Alejandra Gesto, secretaria general de CC.OO. do Hábitat de Galicia, expresó su preocupación por la gestión del Ayuntamiento, que lanzó la licitación sin detallar los costos directos e indirectos del servicio. Según Gesto, esta falta de transparencia es una violación de la ley de contratación pública, permitiendo a las empresas presentar ofertas que subestiman los costos reales, poniendo en peligro tanto la calidad del servicio como la estabilidad laboral de los trabajadores involucrados.

El Tribunal ha dado la razón a CC.OO., ordenando al Ayuntamiento que revise y ajuste los pliegos de la licitación. Desde el sindicato, critican este error de procedimiento como algo impensable en un municipio de la envergadura de Vigo, que debería contar con los recursos necesarios para evitar situaciones como esta, destacando que actualmente pocos municipios cometen tales fallos.

“Durante los últimos dos años, hemos observado que es raro encontrar pliegos que no incluyan los costos laborales desglosados”, señalaron. Añadieron que el sindicato ha presentado recursos similares en otras localidades de Galicia, la mayoría motivados por la ausencia de ajustes salariales en línea con el IPC.

En cuanto a la reacción del gobierno local, CC.OO. informó que, hasta la fecha, no ha habido respuesta. Además, criticaron que la actual empresa concesionaria no está cumpliendo con las tablas salariales que deberían regir en 2025, manteniendo en vigor las de 2024. “El Ayuntamiento está al tanto de la situación; se solicitó que se iniciara un expediente sancionador, pero hasta ahora no hemos recibido noticias al respecto”, concluyeron desde el sindicato.