La Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha emitido un informe que sugiere que podría haber "responsabilidad contable" en algunos de los supuestos que denunciaba el Consello Galego de Contas. Uno de los principales focos de la investigación es el Ayuntamiento de Valga (Pontevedra), que ha sido objeto de polémica por esta cuestión en otras ocasiones. También se incluyen en la investigación los ayuntamientos de Catoira, Vilasantar y Trazo.

El informe de Fiscalía de Cuentas pone en cuestión la percepción de dietas por "desplazamientos sin justificar" abonados a los funcionarios que ejercen la función de secretario e interventor en el Consistorio de Valga. La oposición en Valga ha denunciado reiteradamente supuestas irregularidades en el pago de dietas por parte del gobierno local e incluso la situación ha estado judicializada.

El alcalde de Valga, José María Bello Maneiro (PP), ofreció una rueda de prensa alegando que un informe del órgano fiscalizador estatal avalaba los pagos, pero era previo al último emitido por Contas.

Además de Valga, Fiscalía de Cuentas también cree que se puede "derivar responsabilidad contable" en los pagos de gastos de locomoción y por manutención "sin justificar" en los Ayuntamientos de Catoira (Pontevedra) y Vilasantar (A Coruña), así como en las indemnizaciones por razón de servicio y gastos por atenciones protocolarias no justificadas en el también Ayuntamiento coruñés de Trazo.

En el informe de Contas, se señala que, para la depuración de dichas responsabilidades "goza de legitimación el ministerio Fiscal", pero no habiendo sido promovida en este caso su exigencia por el órgano fiscalizador, se pone el foco en que la administración local correspondiente traslade su criterio al respecto, "remitiendo al mismo tiempo los soportes documentales en los que se sustenta dicha opinión". El Consello de Contas de Galicia publicó un informe de fiscalización sobre las percepciones económicas no salariales en las entidades locales, en el cual pone en duda la justificación de más de 200.000 euros en dietas de cargos públicos y funcionarios de al menos cuatro ayuntamientos gallegos.

Pese a que Contas reconoce que todos los ayuntamientos "prestaron la colaboración necesaria para la realización de los trabajos de campo, aportando la documentación que se estimó necesaria para la realización de esta fiscalización", también asegura que tanto Trazo como Valga no respondieron a los últimos requerimientos por este Consello, en relación con ciertos papeles solicitados.

Hay grandes diferencias entre las cuantías y los motivos por los que Contas cuestiona los gastos de estos cuatro ayuntamientos. En este sentido, la fiscalización de Vilasantar se llevó a cabo a raíz de que el Pleno del Consello de Contas consideró conveniente este examen tras ser informado de la falta de la correcta justificación de las dietas y gastos de locomoción pagados desde noviembre de 2017 a enero de 2019. La cuantía percibida por la Alcaldía-Presidencia por estos gastos ascendía a más de 7.740 euros, de los que unos 5.950 corresponden a gastos de locomoción.

En cuanto a Catoira, Contas decidió iniciar su fiscalización a raíz de la detección de posibles irregularidades en las cuantías de las dietas percibidas por el gobierno local desde el mes de septiembre de 2018. El alcalde percibió casi 17.500 euros por diferentes gastos de locomoción y 14.000 euros en dietas. En Trazo, aunque un litigio en los tribunales por supuesta malversación en el Ayuntamiento fue sobreseído, se detectaron más de 87.000 euros en gastos incurridos por el alcalde entre 2014 y 2019.

El órgano fiscalizador gallego también analizó los importes percibidos por siete concejales por asistencia, que suman 87.440 euros entre junio de 2017 y el 31 de diciembre de 2021, observando que se "incumplió" por parte del Ayuntamiento la normativa "en varios aspectos".