Televés, una reconocida empresa compostelana, se encuentra en el centro de una controvertida reestructuración que implica la eliminación de 34 puestos de trabajo, de los cuales 29 serán despidos forzosos y cinco voluntarios. Esta medida afectará a trabajadores de sus centros en Santiago y Oroso, en la provincia de A Coruña, y se prevé que incluya disposiciones especiales para aquellos empleados mayores de 55 años. Esta decisión fue aprobada por la mayoría en una reciente asamblea, y ahora la compañía tiene un plazo de 15 días para notificarlo a la Inspección de Trabajo.

La asamblea de trabajadores se pronunció con un total de 123 votos a favor, 79 en contra y cuatro abstenciones acerca del ERE presentado por Televés. Este expediente fue justificado por la empresa debido a una caída en la demanda de sus divisiones de Distribución de TV e Iluminación LED, que ha impactado directamente en sus operaciones. En marzo, la compañía ya había indicado la intención de implementar un ERE que afectaría a aproximadamente el 10% de su plantilla, resaltando así la situación crítica que atraviesan estas divisiones.

En un análisis de la situación, Jesús Manuel González Campos, portavoz del sindicato UGT en Televés, informó que los despidos se realizarán en varios centros de trabajo, incluyendo la fábrica principal y otros departamentos dedicados a labores comerciales y de almacenamiento. Pese a que la empresa rechazó propuestas para un expediente de regulación temporal (ERTE), González Campos destacó que se ha logrado reducir el número total de despidos forzosos de 37 a 29, además de incorporar cinco despidos voluntarios y dos recolocaciones necesarias.

El portavoz sindical se mostró crítico con las condiciones de los despidos, que considera muy cercanas a la improcedencia, aunque se introdujeron medidas de apoyo para los mayores de 55 años. Además, instó a la compañía a llevar a cabo estos despidos en el menor tiempo posible para minimizar la incertidumbre entre la plantilla afectada.

Recientemente, Televés anunció su decisión de discontinuar la actividad de la unidad de Iluminación LED, argumentando que no es rentable. Según González Campos, esto implica que la empresa busca reducir costos y ajustar su personal, aun con el compromiso de cumplir con los contratos en curso. Por su parte, el sindicato CIG expresó su disenso con el acuerdo alcanzado por UGT, argumentando que los despidos forzosos no son justificables y que se debieron explorar alternativas de adición voluntaria y medidas temporales para resolver la situación.

El portavoz de CIG, Marcos Hernández, subrayó que la empresa no ha presentado justificaciones sólidas para el ERE. Coincidiendo con el diagnóstico de UGT, argumentó que las razones económicas y operativas aducidas no están debidamente fundamentadas. Desde CIG, se espera que la empatía hacia los trabajadores conduzca a una pronta ejecución de los despidos para reducir la angustia que esta situación genera en toda la plantilla.

Televés ha argumentado que la medida es necesaria para ajustar su capacidad productiva, citando la caída en las ventas en sus segmentos de Distribución de TV e Iluminación LED. La empresa cerró 2024 con ingresos de 89,4 millones de euros, un descenso del 2,7% en comparación con el año anterior, lo que ha contribuido a un incremento del 22% en los gastos de personal desde 2019.

La compañía también ha planeado una estrategia para especializar su producción de cara a atenuar la disminución de actividad en estas divisiones. Uno de los enfoques será el desarrollo de una nueva unidad de negocio orientada a la microelectrónica, considerada por Televés como un sector clave para el futuro, especialmente a la luz de iniciativas como la 'Chips Act' de la Unión Europea, destinada a fortalecer la cadena de suministro de semiconductores.

Finalmente, Televés, fundada en Santiago de Compostela en 1958, continúa siendo un referente en el diseño y fabricación de equipos relacionados con la radiotelevisión. Sin embargo, enfrenta una contracción en su mercado, que afecta a toda la industria, con una caída del 44,5% desde 2019, lo que exige decisiones drásticas para asegurar su viabilidad a largo plazo.