El gobierno de Santiago de Compostela se encuentra en una posición complicada al intentar asegurar un alojamiento adecuado para un grupo de migrantes, mientras critica abiertamente la falta de respuesta del Gobierno central, un punto de vista respaldado por el Foro Galego da Inmigración.

En un contexto de creciente tensión social, el 15 de noviembre se ha hecho conocida la situación de siete migrantes provenientes de Mali y otras naciones que, tras haber estado alojados en el Monte do Gozo bajo el programa de acogida estatal, se ven obligados a abandonar el lugar. Esta decisión se debe a una respuesta negativa inicial a su solicitud de protección internacional, lo que ha generado un clima de incertidumbre y preocupación en la comunidad.

María Rozas, concejala de Servizos Sociais del Ayuntamiento de Santiago, ha calificado de “inaceptable” la “expulsión” de estas personas sin que se les ofrezca “ninguna alternativa habitacional”. Su declaración resalta el compromiso del gobierno local de proteger a los más vulnerables y critica la falta de acción por parte de las autoridades centrales.

El Ayuntamiento, representado en este caso por Raxoi, ha indicado que se enteró de la situación a través del Foro Galego da Inmigración y ha mantenido una comunicación constante con esta organización y con la ONG Rescate, que se encarga de ayudar a aquellos que buscan refugio en la ciudad. Este apoyo es crucial, dado que muchos de los migrantes en Santiago provienen de regiones devastadas por la guerra o en extrema pobreza.

Ante la urgencia del problema, el departamento de Dereitos e Servizos Sociais ha afirmado que ya se han activado protocolos para encontrar una “solución habitacional transitoria”. Esta solución podría implicar la colaboración con entidades sociales o el uso del programa municipal de emergencias, que ofrece diversas opciones de alojamiento para quienes se encuentran en situaciones críticas.

El gobierno local enfatiza que la situación es alarmante y es producto directo de la inacción del Gobierno central. “Es lamentable que estas personas sean expulsadas del Monte do Gozo sin ninguna opción, lo que evidencia la pasividad en el funcionamiento del programa estatal de acogida a personas refugiadas. Esta realidad no solo enoja, sino que también empuja al Ayuntamiento a asumir responsabilidades que deberían ser del Gobierno”, subrayaron desde el consistorio.

Por su parte, el Foro Galego de Inmigración ha actuado rápidamente tras conocer el caso. La organización envió un requerimiento urgente a la Delegación del Gobierno en Galicia y a la Subdelegación en A Coruña, exigiendo explícitamente garantías de que se evitaría dicha situación.

Entre las demandas del Foro se encontraba la necesidad de mantener a estas personas en condiciones dignas hasta que se les pudiera proporcionar una vivienda adecuada y los recursos necesarios para su subsistencia. También se solicitaba apoyo jurídico para apoyar sus solicitudes de protección internacional en caso de que fueran rechazadas inicialmente.

Mientras tanto, la respuesta inicial de la Delegación del Gobierno indicaba que se buscarían alternativas, un compromiso que, según el Foro, fue reiterado al conocerse las primeras decisiones adversas sobre las solicitudes de asilo a partir del 1 de noviembre.

Pese a estos esfuerzos, la realidad expuesta el 15 de noviembre es sombría: al menos siete personas están obligadas a dejar el Monte do Gozo sin tener una alternativa de vivienda, lo que lamentablemente las empuja a una situación de riesgo de exclusión social y a la posibilidad de convertirse en personas sin hogar en Santiago y en otras partes de Galicia.