El gobierno gallego reafirma su compromiso con el sector del transporte, planteando estrategias para abordar la preocupante falta de conductores profesionales, lo que representa una amenaza para el futuro del transporte en la región.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 de septiembre.

Alfonso Rueda, presidente de la Xunta, se reunió recientemente con miembros de la Asociación Empresarial de Transportes de Mercancías por Carretera de Galicia (Apetamcor). En este encuentro, subrayó la importancia de este sector, al que consideró clave para la economía gallega, y habló sobre la necesidad de facilitar el relevo generacional. Rueda también reiteró su demanda al Gobierno central para la "liberación de la AP-9".

Durante su intervención, el presidente destacó los avances significativos que ha logrado la asociación de transportistas, que agrupa a más de 1.100 pequeñas y medianas empresas, así como a autónomos del sector. Resaltó su compromiso con la igualdad, recordando que en 2022 recibieron el Premio Matilde Ucelay por sus esfuerzos en promover la inclusión de mujeres en el ámbito logístico y de transporte, un sector históricamente dominado por hombres.

Rueda hizo especial énfasis en el mayor reto que enfrenta el transporte de mercancías en Galicia: la escasez de conductores. "Esta es la principal dificultad que enfrenta el sector, y su solución es urgente", comentó.

En consonancia con esto, Rueda mencionó que la Xunta ha solicitado la transferencia de competencias al Gobierno central para autorizar permisos de trabajo a extranjeros, similar a lo que ocurre en otras comunidades autónomas, con el fin de acelerar estos procesos.

Según estimaciones de la Xunta, hay una carencia de entre 1.500 y 3.000 profesionales en el sector del transporte por carretera, agravada por el envejecimiento de la plantilla y las barreras económicas para acceder a la formación necesaria.

Para abordar este problema, la Xunta ha lanzado un programa con una inversión de un millón de euros, que permite subvencionar hasta 3.900 euros por alumno para los cursos obligatorios de formación profesional y permisos de conducción específica.

Además, el gobierno gallego está implementando iniciativas formativas que atienden las necesidades del mercado laboral, tales como un nuevo decreto sobre microcredenciales en curso, unidades de formación en empresas dotadas con 8 millones de euros, y varios programas de apoyos económicos para la capacitación de trabajadores, tanto ocupados como desempleados.

En lo que respecta a la infraestructura y la seguridad vial, Rueda destacó el trabajo de la Xunta en crear una red pionera de Áreas de Estacionamiento Seguro en España, que contará con 1.500 plazas. También resaltó la necesidad de mejorar la seguridad en las carreteras.

Recordó las importantes mejoras que se han realizado en varias autovías, como la de A Estrada y la de Nadela-Sarria, y mencionó la reciente liberación de cuatro autopistas con peajes no visibles para los usuarios.

Asimismo, Rueda reiteró su solicitud al Gobierno central para avanzar en la liberación de la AP-9, afirmando que el contexto actual, influenciado por decisiones a nivel europeo, ofrece una oportunidad propicia para esta reclamación, que es apoyada por todos los gallegos.

Finalmente, hizo un llamado al Ejecutivo estatal para que actúe rápidamente en el rescate de esta autopista, para evitar que los costos de este proceso sigan aumentando. Rueda apuntó que, aunque las promesas son frecuentes, los pasos concretos aún son escasos, y la Xunta se mantiene firme en su demanda.

En un estudio previo, la Xunta había estimado que el coste actual del rescate de la AP-9 asciende a 2.356 millones de euros, cifra que ha incrementado desde los 2.331 millones que se preveían en 2024.