El delito atribuido a uno de los acusados ha prescrito y se han archivado las actuaciones al respecto, según el tribunal del juicio por los delitos de prevaricación administrativa y cohecho que se lleva a cabo en la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo. Los nueve acusados, entre los cuales se encuentran dos exalcaldes y un exconcejal, han negado haber recibido contraprestaciones económicas por favorecer a la adjudicataria Cespa en el contrato de recogida de basuras en Nigrán en 2004.

Alfredo R.M., exalcalde de Nigrán, ha defendido que la tramitación administrativa del contrato se hizo conforme a la legalidad y ha negado haber manipulado documentación para favorecer la adjudicación a Cespa. Por su parte, Avelino F.A., también exalcalde y actualmente concejal, ha negado cualquier participación en la adjudicación del contrato a Cespa. Además, ha reconocido haber alquilado un local a la empresa Cespa, mediante un contrato que fue revisado por su gestoría de confianza, pero proclamó que jamás recibió dinero alguno de la concesionaria, al margen del alquiler por el local.

En el marco de este juicio, las actuaciones se han archivado con respecto a uno de los acusados, el ingeniero municipal Antonio P.C., ya que el tribunal considera que el delito del que se le acusaba ha prescrito. Según el escrito de acusación pública, el entonces regidor de Nigrán se concertó con el líder del partido independiente PINN y con un concejal de esta formación, para amañar la adjudicación del contrato de la basura. Para ello, el alcalde sacó a concurso el servicio y él mismo se encargó de tramitar el pliego de condiciones, dando apenas 30 días para la presentación de ofertas. Asimismo, contrató a una consultora externa para que elaborase un informe que favoreciera la adjudicación a Cespa.

La Fiscalía sostiene que, a cambio, la concesionaria abonó al alcalde 102.173,35 euros; otros 88.206,71 euros al líder del PINN; y 7.409 euros a Antonio F.C. Además, Cespa alquiló varios locales de los que eran copropietarios la mujer de Antonio F.C. y dos funcionarios, y otro local propiedad de Avelino F.A., por unas rentas anuales desproporcionadas. Por estos hechos, el Ministerio Público considera a los principales encausados autores de los delitos de prevaricación y cohecho.

La Fiscalía pide para Alfredo R.M. un año de prisión, 10 años de inhabilitación y multa de 50.000 euros; la misma pena para el delegado de Cespa; para Avelino F.A. solicita un año de prisión y 5 años de inhabilitación, y multa de 3.000 euros; y para Antonio F.C., un año de prisión, 10 años de inhabilitación y 4.000 euros de multa. Para el ingeniero municipal pide 5 años de inhabilitación, la misma que para el ingeniero de la consultora contratada por el Ayuntamiento. Para la mujer de Antonio F.C. pide un año de cárcel, 5 de inhabilitación y multa de 3.000 euros, y penas de multa para los dos exfuncionarios. Además, se solicita que Alfredo R.M, Antonio F.C. y el delegado de Cespa indemnicen al Ayuntamiento de Nigrán en 5.340,77 euros.