El 5 de octubre en Santiago de Compostela, la secretaria general del PPdeG, Paula Prado, ha realizado un vehemente llamado al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, para que se asegure por ley que Galicia no quede desconectada. Su demanda surge tras la preocupación por las posibles eliminaciones de paradas de autobús y la reducción de horarios y frecuencias, que afectarían a más de 130.000 ciudadanos en las áreas rurales.

En un comunicado oficial, el Partido Popular de Galicia reveló que la nueva ley de movilidad sostenible será objeto de votación en el Congreso el próximo miércoles. Como parte de sus esfuerzos para proteger el transporte público en las 22 localidades gallegas afectadas, el PP ha propuesto enmiendas destinadas a mitigar lo que ellos consideran una amenaza para la conectividad rural.

Durante su visita a Guitiriz, uno de los diez municipios que se verían perjudicados por las decisiones del Gobierno central en la provincia de Lugo, Prado instó a los partidos, especialmente al PSOE y al BNG, a apoyar las enmiendas. De no hacerlo, advirtió, estarían legitimando que el Gobierno continúe con su estrategia de aislamiento para Galicia.

Prado también ha puesto de manifiesto que el Gobierno sigue adelante con sus planes de desconectar las comunidades rurales gallegas, denunciando específicamente la eliminación de frecuencias y paradas de tren. Esta situación ha generado un clima de preocupación entre los ciudadanos que dependen del transporte público para su movilidad diaria.

Los populares gallegos han expresado su descontento ante la idea de que el Gobierno central, con sus decisiones, "condene" a los pueblos del rural gallego a la pérdida de servicios esenciales. Según Prado, mientras todas las administraciones luchan por contrarrestar la despoblación, las políticas del Gobierno parecen avanzar en la dirección opuesta, un hecho que requeriría una urgente atención y revisión.