En una jornada marcada por el rechazo del Partido Popular y el Partido Socialista, el Senado ha sido escenario de un nuevo desplante a las demandas de autonomía de Galicia. En esta ocasión, la propuesta presentada por el Bloque Nacionalista Galego (BNG) para el traspaso de más de 20 competencias a la comunidad gallega ha sido rechazada, dejando de lado la posibilidad de una mayor gestión y control por parte de las instituciones gallegas.

Entre las competencias solicitadas por el BNG se encontraban asuntos fundamentales como la transferencia de Tráfico, la gestión del Ingreso Mínimo Vital, la administración de Instituciones Penitenciarias, entre otras. Sin embargo, la mayoría conformada por PP y PSOE ha sido suficiente para frenar este intento de fortalecer la autonomía gallega y garantizar una gestión más cercana y eficaz de los asuntos regionales.

La propuesta incluía además la transferencia de competencias relacionadas con las autopistas AP9 y AP53, la seguridad viaria, la gestión del dominio público marítimo terrestre, los puertos de interés general, entre otros. La intención era dotar a Galicia de mayor autonomía y capacidad de decisión en áreas fundamentales para el desarrollo y bienestar de la comunidad.

Además, el BNG buscaba también asumir competencias en materia de salvamento marítimo, servicios sanitarios para trabajadores del mar, fomento del empleo, formación ocupacional, así como la gestión de instalaciones pertenecientes a Defensa en desuso. Sin embargo, la falta de apoyo de los partidos mayoritarios ha impedido que estas demandas sean escuchadas y atendidas.

El rechazo a esta propuesta también ha dejado de lado la posibilidad de que Galicia tenga un mayor control sobre la expedición y homologación de títulos académicos, así como en asuntos relacionados con la emigración e inmigración. La autonomía gallega se ve una vez más limitada por la negativa de los partidos tradicionales a ceder competencias y fortalecer la capacidad de autogobierno de la comunidad.

Finalmente, la propuesta también contemplaba la negociación para permitir la presencia de las instituciones gallegas en entidades estatales relevantes, con el objetivo de garantizar una representación equitativa y una mayor participación en organismos de importancia nacional. Sin embargo, la falta de voluntad política ha impedido que esta posibilidad se convierta en una realidad para Galicia, relegando una vez más la autonomía de la comunidad a un segundo plano.