Pontón se reúne con Rueda y Besteiro para trazar una estrategia por una AP-9 gallega.

En un acto de valentía política, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha enviado una carta al presidente de la Xunta y del PPdeG, Alfonso Rueda, y al secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, proponiendo un encuentro para discutir sobre una estrategia de país a favor de una AP-9 gallega y libre de peajes.

La decisión llega tras la noticia de que la Unión Europea ha abierto un expediente a España por segunda vez debido a la prórroga de la concesión de la AP-9. Pontón considera este momento como crucial para lograr una autopista gallega sin peajes, y ve fundamental que los líderes políticos de las principales formaciones en Galicia se reúnan para diseñar una estrategia que responda a la demanda de la sociedad gallega.

En su misiva, la líder del BNG insta a Rueda y Besteiro a acelerar los pasos necesarios para lograr la transferencia de la autopista sin peajes, recordando el trabajo riguroso y coherente que el Bloque ha realizado durante años en el Parlamento de Galicia en pos de este objetivo.

El BNG destaca que, a pesar de los esfuerzos anteriores, las leyes de transferencia propuestas no lograron la aprobación del Congreso, ya que tanto el PP como el PSOE presentaron enmiendas y solicitaron múltiples prórrogas.

En cuanto a la AP-9, Pontón señala que el único avance positivo hasta ahora para los gallegos fue la reducción histórica de los peajes que el BNG logró en el acuerdo de investidura con el PSOE después de las elecciones generales de 2019.

Finalmente, la carta de Pontón también hace referencia al acuerdo alcanzado en el último pleno del Parlamento de Galicia, en el que se pide al Estado la anulación de la prórroga concedida a la concesionaria en el año 2000, que asuma la gestión directa de la autovía y que promueva su transferencia a Galicia. La propuesta incluye la realización de un estudio por parte de la Xunta para explorar vías legales para anular la prórroga, así como una evaluación de los costos económicos que implica para el Estado asumir la infraestructura.