La Organización de Productores Pesqueros del Puerto de Burela ha expresado su profundo descontento ante la reciente decisión del Tribunal General de la Unión Europea, que consideran "ilógica" e "injusta". Según Sergio López, gerente de la organización, esta resolución representa un "grave golpe" para los pescadores gallegos, poniendo en riesgo la continuidad del sector y su posible extinción en un futuro cercano.

López ha compartido su preocupación con Europa Press, advirtiendo que si se continúa con este enfoque, la pesca en Europa podría enfrentar un colapso inminente. Esta situación es producto de la desestimación de los recursos legales presentados por la organización y el Ministerio de Pesca español contra la prohibición de la pesca de arrastre impuesta por la Comisión Europea en áreas marinas protegidas.

La normativa en cuestión, el Reglamento 2022/1614, prohibe la pesca de fondo en 87 zonas marinas que se extienden desde Irlanda hasta el sur de España. López denuncia que "hoy todos perdemos", refiriéndose no solo a los palangreros, sino a todo el conjunto del sector pesquero europeo afectado por esta medida.

El responsable de la organización critica abiertamente la decisión del Tribunal, subrayando que no correspondía con las expectativas de los afectados. Los recursos desestimados contenían "argumentos claros" que ponían de manifiesto los efectos perjudiciales de una regulación que carece de consulta pública y análisis riguroso sobre el impacto socioeconómico.

A lo largo de este proceso, numerosas organizaciones estaban a la espera de un fallo que pudiera desafiar a la Comisión Europea y corregir su enfoque. López destaca que el palangre es una de las modalidades más selectivas de pesca y que, contrariamente a lo que se podría suponer, la legislación afectará más a este sector que al de arrastre, dado el área restringida donde se aplica. “Se están utilizando soluciones desproporcionadas para problemas específicos”, critica vehementemente.

Argumenta que la medida es desmesurada, ya que abarca 16,500 kilómetros, de los cuales el 32% eran áreas previamente designadas para ser protegidas, mientras que el 68% simplemente se estaba aplicando un modelo de pesca que se considera menos perjudicial.

Ante esta situación, hace un llamado urgente a las autoridades para que colaboren estrechamente con el sector pesquero y busquen alternativas viables que garanticen el futuro de la industria.

La sentencia del Tribunal aclara que la clasificación de estas áreas como vulnerables responde a la necesidad de proteger especies en peligro, y que la Comisión Europea no excedió su autoridad al aplicar la metodología para establecer dichas zonas, respaldadas por el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM).

Asimismo, el tribunal afirma que no hay evidencia que justifique que la metodología utilizada fue inapropiada o menos eficiente en comparación con otras posibles alternativas. Apreciando el marco legal, también se desestimaron las alegaciones acerca de la ilegalidad del reglamento impugnado, determinando que la Comisión actuó dentro de su marco de competencias.

Finalmente, se precisa que la prohibición impuesta solo afecta a las prácticas de pesca con artes de fondo por debajo de los 400 metros de profundidad, y que ni España ni los pescadores han logrado demostrar que la pesca de arrastre no representa un riesgo para los ecosistemas marinos vulnerables.