La preocupación por el futuro ecológico de Galicia está en el centro de atención, ya que Podemos Galicia y Alianza Verde han hecho un llamado urgente a la UNESCO para que intervenga y detenga el controvertido proyecto de construcción de una fábrica en Palas de Rei, Lugo. Esta demanda refleja la creciente resistencia social y política ante iniciativas que pueden amenazar los ecosistemas locales.

Este viernes, la Asociación para la Defensa Ecológica de Galicia (Adega) presentó 1.415 solicitudes solicitando el archivo del expediente relacionado con la concesión de aguas del río Ulla a la empresa Altri, argumentando que no se han respetado los plazos establecidos. La organización anunció que, si la Xunta no actúa de manera adecuada, se verá obligada a iniciar acciones legales.

Según Adega, ha transcurrido más de un año desde que venció el plazo legal de 18 meses en el que Augas de Galicia debía haber conclusido el expediente. Belén Rodríguez, secretaria ejecutiva de la organización, enfatizó que esta situación debería interpretarse como una negativa a la propuesta y que, sin embargo, la administración continua manteniendo vivo el trámite, lo que la asociación considera una falta de respeto a la normativa vigente.

A pesar de las acciones previas de Adega y la Plataforma en Defensa de la Ría de Arousa (PDRA), que ya solicitaron el archivo del expediente y recibieron una respuesta negativa por silencio administrativo, la lucha aún no culmina. Ambas agrupaciones han decidido presentar un recurso de alzada, siendo este el primer paso hacia una posible acción contenciosa contra Augas de Galicia en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en caso de que no se archiven los documentos en los próximos dos meses.

Las nuevas solicitudes de Adega, que se suman a las anteriores realizadas por distintos colectivos, se han recogido en respuesta a la persistente actitud de Augas de Galicia. Organizaciones como la PDRA, la CIG y grupos comunitarios en defensa del río Ulla respaldan esta iniciativa, destacando la fuerte oposición social contra la instalación de la macrofábrica de Altri.

Por su parte, Podemos Galicia y Alianza Verde han elevado el debate al ámbito internacional, dirigiendo una serie de preguntas al Ministerio de Asuntos Exteriores. En el comunicado enviado, revelaron que en marzo de este año, ICOMOS España solicitó una Evaluación de Impacto Patrimonial que considere detalladamente las repercusiones de este proyecto industrial en el patrimonio cultural de la región.

A pesar de esta recomendación, las formaciones denunciaron que los únicos informes disponibles son los elaborados por Greenfiber S.L. y la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, que carecen de objetividad y no protegen adecuadamente los intereses del Camino de Santiago, un valor patrimonial indiscutible. Las críticas a estos informes evidencian un descontento creciente con la falta de transparencia en el proceso.

El objetivo de Podemos Galicia y Alianza Verde es conocer la postura del Ministerio de Exteriores sobre este asunto, así como las acciones que se plantean para proteger el tramo gallego del Camino de Santiago, potencialmente en peligro debido a la industrialización de la zona.

La frustración se extiende hasta el Ministerio de Cultura, dirigido por Ernest Urtasun, a quien se ha instado a asumir un rol activo en la protección del patrimonio cultural de Galicia, evitando eludir responsabilidades en este delicado tema.

Finalmente, la organización BankTrack, en colaboración con la Red Environmental Paper Network y Greenpeace España, ha presentado este viernes un perfil detallado del proyecto de Altri, revelando sus impactos adversos y advirtiendo a los posibles financiadores sobre los riesgos asociados. Este informe es vital para que los inversores sean conscientes de las implicaciones negativas que podría acarrear la iniciativa propuesta por Greenfiber, en la que participan tanto el conglomerado portugués Altri como la empresa española Greenalia.