En Pontevedra, la conselleira de Vivenda, María Martínez, ha hecho un llamado al Gobierno central para que subsane las deficiencias en la normativa estatal en relación a las obras ilegales en la costa. Esto surge luego de que el Tribunal Constitucional declarara inconstitucional la limitación a 15 años impuesta por Galicia para actuar contra dichas construcciones ilegales.

En una conferencia de prensa en Pontevedra, Martínez instó al Gobierno a regular la prescripción de la caducidad de la acción, argumentando que el fallo del Tribunal Constitucional destaca la falta de competencia de las comunidades autónomas para abordar estas lagunas presentes en la normativa estatal.

La conselleira puso como ejemplo el caso de una edificación con orden de demolición que no se lleva a cabo en 15 años, pasando a estar fuera de ordenación, mientras que una construcción que lleva 40 años en pie nunca entraría en esa categoría. Resaltó que la normativa autonómica busca brindar seguridad jurídica a aquellas edificaciones que llevan décadas en la franja costera.

En cuanto a la normativa estatal, Martínez enfatizó que no establece un plazo de caducidad de la acción para que la administración pueda iniciar un proceso de reposición de la legalidad, como sí sucede en zonas de protección especial como las paisajísticas.

La Xunta ahora espera que el Gobierno regule la prescripción de la caducidad de la acción si el Tribunal Constitucional considera que las comunidades autónomas no tienen la competencia para regular en este ámbito.