En un acto reciente en Santiago de Compostela, la conselleira de Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, ha expresado su intención de solicitar al ministro de Transportes, Óscar Puente, que reconsideren la opción de rescatar la AP-9. Esta solicitud surge ante un alarmante incremento en el costo de las bonificaciones de la autopista, que ha pasado de 56 millones a 81 millones de euros para el año 2025.

Durante una reunión celebrada en San Caetano, Martínez Allegue transmitió estas preocupaciones a representantes del sector de mercancías, del transporte de viajeros, así como a autónomos y empresarios. El aumento significativo del costo de las bonificaciones, según afirmó la conselleira, transforma de manera radical el panorama económico y administrativo que rodea esta controvertida infraestructura.

En septiembre, el gobierno autónomo había encargado un estudio para evaluar la posibilidad de transferir la AP-9, considerando también el costo de indemnización por el rescate, un compromiso previamente adquirido durante la campaña electoral. Martínez Allegue detalló que las cifras obtenidas en dicho estudio alcanzan una asombrosa suma de 2.300 millones de euros, destacando la gravedad de la situación actual.

La conselleira explicó que originalmente se había estimado un costo de indemnización de bonificaciones de 56 millones de euros para 2025, pero con los recientes datos del Ministerio de Transportes, ahora se revela que dicho coste asciende a 81 millones de euros. Este aumento inesperado plantea serias cuestionamientos sobre la viabilidad del actual modelo de financiamiento de la autopista gallega.

Frente a este nuevo contexto, Martínez Allegue enfatiza que tanto el costo de las bonificaciones hasta el final de la concesión como la indemnización por el rescate están alineados en cifras que se acercan a los mencionados 2.300 millones de euros. Ante este escenario, la conselleira ha decidido dirigirse al ministro Puente entre hoy y mañana, instándole a que reconsidere la posibilidad de rescatar la AP-9, dado que los cálculos ahora revelan una situación en la que el costo de las bonificaciones para el Estado puede ser similar al de la indemnización.

Con firmeza, Martínez Allegue reafirmó su voluntad de llevar adelante la petición de transferencia, una propuesta que ha obtenido el respaldo unánime del Parlamento de Galicia. Sin embargo, la conselleira advirtió que ahora es el momento de dar "un paso más" gracias a la nueva información sobre las bonificaciones y su impacto financiero para el Estado.

Al ser interrogada por los medios sobre la razón detrás del aumento de casi 30 millones en las proyecciones, la titular de Infraestructuras indicó que se trata de un cálculo que está documentado en la página oficial del Ministerio de Transportes, y que surgió tras la reciente ampliación de las bonificaciones en la autopista en cuestión por parte del Gobierno.

En el transcurso de la conversación, también se abordó el clamor de algunos alcaldes, como Miguel Anxo Fernández Lores de Pontevedra o Abel Caballero de Vigo, quienes están promoviendo un frente común para exigir la gratuidad de la AP-9. Martínez Allegue puntualizó que las solicitudes de los regidores no son nuevas, recordando que se trata de un compromiso que se había asumido durante las últimas campañas electorales. Todos los partidos, incluyendo el BNG y el PSdeG, habían mencionado la gratuidad de la autovía como parte de sus propuestas.

Finalmente, la conselleira subrayó el objetivo de esta reunión, que se centra en abordar la desmedida subida de los peajes de la AP-9, lo que representa un claro obstáculo tanto para la competitividad de la comunidad como para la economía familiar de los ciudadanos gallegos. Como ejemplo, destacó que el peaje entre Vigo y A Coruña ha incrementado de 19,40 euros a 20,45 euros, una variación que podría parecer sutil, pero que en realidad impacta significativamente los bolsillos de aquellos que a diario utilizan esta ruta.

Por todo esto, Martínez Allegue ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez que "deje de discriminar a Galicia" y que preste atención a la "demanda unánime del Parlamento gallego". Al mismo tiempo, volvió a instar al BNG y al PSOE a que apoyen esta petición frente al Ejecutivo, en un esfuerzo por garantizar que la costa de la AP-9 no continúe siendo una carga para los gallegos.