La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, ha manifestado este jueves durante el Pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia que la discusión sobre el financiamiento es esencial para lograr avances significativos en el área de atención a la dependencia. Reiteró que la deuda acumulada de Galicia por este concepto asciende a 2.500 millones de euros, advirtiendo que sin un cambio real en las políticas de financiamiento, el sistema seguirá estancado.

García agradeció la disposición del Ministerio de Derechos Sociales para abordar la dependencia, pero enfatizó que la buena voluntad no es suficiente. Según sus palabras, "la voluntad no sostiene el sistema de atención a la dependencia", por lo que instó al Gobierno central a cumplir con la normativa vigente y a aumentar su aporte financiero al 50% de la inversión necesaria en esta materia.

Además, la conselleira subrayó la urgencia de que cualquier modificación a la ley de dependencia venga acompañada de un análisis exhaustivo de los costos reales y del financiamiento necesario para cubrirlos, una medida que considera fundamental para garantizar el futuro de este sistema.

En su intervención, García expresó su preocupación por el “infrafinanciamiento” que persiste por parte del Ejecutivo central, una situación que, según ella, está documentada en la memoria de la propia ley. Resaltó cómo las partidas destinadas a Galicia han disminuido, pasando del 40% en 2023 al 34,9% en 2024, lo que agrava la situación de los servicios de atención a la dependencia en la comunidad.

Esta problemática se ve aún más acentuada por la ausencia de Presupuestos Generales del Estado y las dificultades para encontrar profesionales en el sector. A pesar de las promesas del Gobierno central de modificar la Ley de Dependencia, la conselleira observó que los cambios propuestos ya se habían implementado en julio de 2023, como la teleasistencia universal y la compatibilidad de servicios.

La reforma del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) también fue un punto destacado en su discurso, donde criticó que las modificaciones se están realizando sin la consulta adecuada a las comunidades autónomas y los ayuntamientos, quienes son los que realmente gestionan y financian estos servicios.

García también aprovechó la ocasión para solicitar una revisión y actualización del baremo que determina los criterios de dependencia a nivel estatal, argumentando que este se ha vuelto obsoleto. Insistió en que el envejecimiento de la población y la dispersión geográfica deben tener mayor relevancia en la asignación de recursos, cuestiones consideradas fundamentales para las necesidades gallegas.

Finalmente, la conselleira hizo hincapié en que el Gobierno central "podría estar repitiendo un error" similar al que se cometió anteriormente con la Ley ELA, la cual entró en vigor en noviembre y aún carece de financiamiento. García concluyó que "no se pueden reconocer derechos sin que esto vaya acompañado de los fondos necesarios".