La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, ha expresado su preocupación por la falta de claridad y transparencia del Gobierno central, que, según ella, sigue dificultando el flujo de información sobre la atención a menores migrantes no acompañados en Galicia.

Durante su participación en una Conferencia Sectorial realizada en Madrid, García denunció que la comunidad gallega se encuentra en una situación crítica, ya que no ha recibido ningún tipo de financiación por parte del Estado para atender a estos menores, a pesar de que se prevé su traslado a la región.

La conselleira subrayó que el Ministerio de Juventud e Infancia ha ignorado las solicitudes de Galicia, que instaban a una planificación adecuada y a la creación de fondos necesarios para garantizar el funcionamiento del sistema gallego de protección infantil.

Además, García criticó que el Ejecutivo no ha proporcionado información clara sobre el número de menores que Galicia debería acoger ni sobre las fechas previstas para su llegada, lo que genera incertidumbre y preocupación en la comunidad.

“El Ministerio ha indicado que Galicia no recibirá ningún apoyo financiero estatal para esta acogida”, señaló, añadiendo que la única información concreta ha sido divulgada a través de los medios de comunicación, lo que pone de manifiesto una falta de comunicación eficaz por parte del Gobierno central.

La conselleira también hizo hincapié en que Galicia, junto con la mayoría de las comunidades autónomas, ha rechazado la propuesta del Gobierno, que planteaba criterios de acogida de menores que no reflejan la realidad y necesidades del sistema de protección de la infancia en diversas regiones.

García criticó contundentemente la postura del Gobierno de Pedro Sánchez, afirmando que esta situación constituye un nuevo agravio para Galicia al no considerar adecuadamente sus necesidades específicas en materia de protección infantil.

En este contexto, la conselleira hizo un llamado a la colaboración interinstitucional, subrayando la incongruencia de pedir a las administraciones autonómicas que propongan nuevos criterios de distribución cuando estos ya habían sido establecidos en un Real Decreto que contaba con la aprobación del Consejo de Ministros y el respaldo del Congreso.

García concluyó afirmando que la falta de lógica en esta demanda revela un intento de ocultar la ausencia de colaboración y coordinación entre las distintas administraciones involucradas.