La Junta Electoral Central (JEC) ha confirmado el apercibimiento al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, por expresar su apoyo a su candidato del PP a La Moncloa, Alberto Núñez Feijóo, desde el atril institucional durante la campaña electoral del 23J. La JEC ha alegado que esto constituye una falta de neutralidad por parte de un representante público en un acto oficial.

Estos hechos se remontan a la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo autonómico del 20 de julio, en la que Rueda evaluó el debate entre Feijóo y el socialista Pedro Sánchez y afirmó que su objetivo era ayudar a que Feijóo obtuviera buenos resultados en las elecciones.

La Junta Provincial de A Coruña ya había reprendido a Rueda, pero la Xunta presentó un recurso argumentando que no se habían vulnerado las disposiciones de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg). Sin embargo, la JEC ha desestimado el recurso y ha ratificado la necesidad de que Rueda tenga más cuidado en evitar vulnerar el principio de neutralidad en futuros actos institucionales durante el proceso electoral.

El acuerdo de la JEC es firme, aunque aún se puede recurrir ante el Tribunal Supremo en un plazo de dos meses.

La JEC sostiene que los comentarios expresados por Rueda a favor de su candidato en detrimento de los candidatos de otras formaciones políticas no son apropiados en un acto institucional. No ha tomado en cuenta el argumento de la Xunta de que Rueda estaba respondiendo a preguntas de periodistas, ya que considera que el presidente estaba interviniendo en un acto institucional y como representante de los gallegos.

La JEC considera que Rueda no mostró la debida diligencia para evitar la introducción de opiniones con contenido electoral en un acto institucional, como la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta. Además, destaca que Rueda emitió estas opiniones como presidente de la comunidad y no a título personal o como alto cargo de un partido político.

La JEC recuerda que los altos cargos de las Administraciones Públicas están al servicio de todos los ciudadanos y prohíbe el uso arbitrario de los recursos institucionales en beneficio de una determinada facción política.