La situación financiera de Cobre San Rafael ha despertado la alerta de diversas organizaciones y grupos ecologistas. En un reciente comunicado, la empresa reconoció pérdidas que superan los 5 millones de euros en 2024, las cuales atribuyó a la falta de inicio de la explotación industrial

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 de julio.

Ecologistas en Acción, una organización comprometida con la defensa del medio ambiente, ha planteado serias preocupaciones sobre la viabilidad de Cobre San Rafael, vinculando su situación a un informe pericial que concluye que la empresa estaría prácticamente en “quiebra”. La organización ha solicitado la anulación de la designación de la mina de Touro como Proyecto de Interés Estratégico (PIE) por parte de la Xunta, al señalar numerosas irregularidades en el procedimiento.

Sin embargo, Cobre San Rafael ha salido al paso de estas afirmaciones, asegurando que las cifras presentadas son típicas de una empresa que aún no ha comenzado a operar. A través de un comunicado enviado a Europa Press, la compañía argumentó que las pérdidas anuales son un signo del proceso que atraviesa, acentuado por la ausencia de ingresos provenientes de la explotación.

A pesar de reconocer un desequilibrio financiero de más de 5,6 millones para este año, la empresa destaca que cuenta con el respaldo de un préstamo participativo de más de 21,5 millones por parte de sus socios, lo que refuerza su estabilidad financiera frente a las adversidades.

Cobre San Rafael es una entidad compuesta principalmente por Explotaciones Gallegas, que posee el 90% de las acciones gracias a los derechos de explotación, mientras que el 10% pertenece a Atalaya Mining, quien aporta la experiencia y capital necesarios para continuar con el proyecto.

La empresa subraya que Atalaya Mining tiene la intención de adquirir el control mayoritario de Cobre San Rafael una vez se obtengan las autorizaciones para reanudar las actividades mineras. Este apoyo reafirma la confianza en el futuro del proyecto.

El informe elaborado por Ecologistas en Acción revela una alarmante serie de pérdidas continuas y un patrimonio neto negativo en los informes financieros de Cobre San Rafael presentados entre 2021 y 2024, lo cual podría estar en violación de la Ley de Sociedades de Capital, según argumentan desde la organización ecologista.

Además, el análisis pone de manifiesto que las deudas de la empresa han superado los activos durante varios años, confirmando la precariedad financiera en la que se encuentra y sugiriendo que está en un continuo riesgo de insolvencia.

A pesar de las garantías de solvencia solicitadas por entidades reguladoras, el informe más reciente que presentó la empresa no demuestra la fiabilidad de su accionista mayoritario, Explotaciones Gallegas, ya que se remite a un documento datado hace seis años.

Ante este panorama, Ecologistas en Acción ha entregado su informe al juez que está tratando la impugnación sobre el estatus de Proyecto de Interés Estratégico de la mina, demandando que se tomen en serio las irregularidades evidentes.

El portavoz de la organización, Cristóbal López, ha declarado que si la Xunta no actúa en consecuencia, podría estar incurriendo en un delito de prevaricación, lo que llevará el asunto a instancias judiciales.

En respuesta, Cobre San Rafael insiste en que sus números son simplemente una fase normal de una empresa en desarrollo y sostiene que no se han violado normativas contables ni legales. El director financiero de Atalaya Mining, César Sánchez, ha reiterado que están trabajando para que el proyecto estratégico avanze, a pesar de los gastos que incurren antes de los primeros ingresos.

Aunque la empresa ha registrado un patrimonio negativo considerablemente significativo, confían en que el respaldo financiero de sus accionistas asegura la continuidad del proyecto y la cobertura de gastos relacionados con la restauración ambiental, a pesar de su actual estado financiero.

Cobre San Rafael, por su parte, ha acusado a Ecologistas en Acción de desinformar y ha afirmado que se cuenta con mecanismos suficientes para manejar los costos de rehabilitación en caso de ser necesario, garantizando así un compromiso con la sostenibilidad y cumplimiento ambiental.