El Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) ha decidido poner en pausa los plazos relacionados con la solicitud del Ayuntamiento de Santiago de Compostela para que la ciudad sea considerada una zona de mercado de alquiler tensionado. Esta decisión se toma debido a que los documentos enviados por el gobierno local a finales de mayo no cumplen con los requisitos estipulados por la legislación estatal sobre vivienda.

El director del IGVS, Heriberto García, en una comunicación fechada el pasado martes y a la que tuvo acceso Europa Press, ha solicitado al gobierno compostelano que realice enmiendas en la documentación presentada y ha suspendido el plazo de seis meses que tenía la Xunta para adoptar una decisión sobre la declaración.

Además, el IGVS ha exigido la redacción de un nuevo diagnóstico sobre el mercado de vivienda en Santiago, el cual debe basarse en “datos oficiales” provenientes de organismos públicos, en lugar de depender de información obtenida de portales inmobiliarios, como ha sucedido en el informe inicial.

En su escrito, el organismo autonómico critica que se utilicen datos de un portal famoso sin un respaldo adecuado de estudios académicos relevantes. Subraya que un informe académico no puede equipararse a un análisis oficial necesario para declarar un área como mercado residencial tensionado, ya que esto conlleva serias implicaciones.

Asimismo, el IGVS ha señalado la falta de un análisis adecuado sobre el estado de conservación de la vivienda en Santiago, algo fundamental para delinear un plan que incluya medidas correctivas. También se solicita que el diagnóstico abarque información sobre la antigüedad del parque habitacional, la superficie de las viviendas y la evolución en el número de transacciones, datos todos que se pueden obtener de fuentes oficiales.

La necesidad de modificar sustancialmente el informe significa que el Ayuntamiento deberá someter nuevamente la documentación a un proceso de información pública, lo que conlleva un retraso significativo en el avance del procedimiento.

Por otra parte, el IGVS ha solicitado que se envíen detalles sobre las alegaciones recibidas durante el anterior proceso de información pública, así como un certificado del Ayuntamiento que confirme las alegaciones presentadas y sus fechas.

En lo que respecta a la definición de 'gran tenedor', que el Ayuntamiento establece como aquellas personas con más de cinco propiedades en la ciudad, el IGVS ha manifestado sus dudas sobre la relevancia de esta cifra, al compararla con el total de viviendas en Santiago, estimado en más de 56,000. A su juicio, la valoración presentada por Raxoi carece de la contundencia necesaria para entender el impacto que la definición podría tener sobre el mercado local de vivienda.

En términos de las medidas correctivas propuestas para abordar el mercado de alquiler tensionado, el IGVS ha argumentado que muchas de estas iniciativas ya están en marcha o se están ejecutando, y que no requieren necesariamente de la declaración para ser implementadas. Además, ha observado que algunas medidas son demasiado generales y necesitan un contenido más específico.

Contrario a lo afirmado por el Ayuntamiento, el IGVS sostiene que no es la Xunta quien tiene la responsabilidad de elaborar este plan de medidas correctoras. Según la legislación gallega de vivienda de 2012, esta tarea debe recaer en manos del gobierno local. El director del IGVS ha enfatizado la necesidad de que el plan incluya un calendario claro y concreto para la implementación de las medidas, ya que el actual solo establece un marco temporal que inicia en 2025 y se proyecta hasta 2028.