Académicos en Derecho Administrativo han expresado su desaprobación hacia la interpretación hecha por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) con respecto a una directiva europea, considerándola “errónea” y poco adecuada para el contexto actual de la energía renovable en la región.

En un evento reciente en Santiago de Compostela, José Luis Blanco, quien preside la Asociación Eólica Europea y es originario de Chantada, lamentó la desconexión entre el avance de las energías renovables a nivel global y la situación estancada de Galicia. Según él, mientras otros países se encuentran inmersos en un acelerado desarrollo de la energía eólica, Galicia se enfrenta a un “bloqueo” que frena su progreso.

Durante su presentación en el Foro Técnico ‘Reflexiones sobre la situación del sector eólico en Galicia’, Blanco enfatizó junto a Giles Dickson, CEO de WindEurope, que las energías renovables no solo son una necesidad imperante, sino que también ofrecen beneficios significativos, tanto ambientales como económicos. “No hay alternativa”, sostuvo, resaltando que la competitividad de la economía depende de la transición a energías más limpias.

En su alocución, Blanco destacó los duros retos que enfrenta el sector eólico, citando como ejemplo que mientras que China ha logrado instalar 300 gigavatios en energía eólica, Europa apenas ha alcanzado los 16. Advirtió que esto se debe a que muchos países buscan ser líderes en competitividad económica mediante el aprovechamiento de energías renovables.

Blanco también hizo hincapié en que el cambio climático no solo representa una amenaza existencial, sino que también puede ser visto como una oportunidad para el crecimiento económico. “Es fundamental que instalemos más energías renovables y lo hagamos rápidamente”, subrayó, añadiendo que la mayor inversión en este ámbito podría llevar a una reducción de costos en la energía y a un avance en la descarbonización del sector energético.

Respecto al enfoque de la Unión Europea, advirtió que la actual dependencia energética de Galicia la coloca en una posición vulnerable y abogó por apoyar proyectos que cumplan con los objetivos de renovación, señalando que dichos proyectos deberían ser considerados de interés público superior. No obstante, dejó claro que esto no significa ignorar el derecho a la participación ciudadana en el proceso.

Blanco planteó una comparación con Alemania, donde las autoridades han establecido objetivos que se alinean con los de la UE, facilitando la integración de energías renovables. “Allí, el consenso social ha llevado a una mayor aceptación de infraestructuras eólicas, entendiendo que es una cuestión de necesidad”, explicó.

El CEO de WindEurope, por su parte, también enfatizó que se prevé que la demanda de electricidad se duplique en las próximas décadas, y que la energía eólica jugará un papel fundamental, representando más de la mitad de la generación eléctrica para 2050. “Los cambios normativos en Europa son positivos y estamos convencidos de que la implantación de energía solar y eólica puede coexistir armónicamente con la conservación de la biodiversidad”, añadió Giles Dickson.

Participando en el foro de manera virtual, Paula Rey, jefa adjunta de la Unidad ‘Renewables and Energy System Integration Policy’ de la Comisión Europea, subrayó que las energías renovables serán clave durante el nuevo mandato de la Comisión, destacando el compromiso de la presidenta de presentar un pacto industrial limpio en los primeros días de su gestión.

Durante una mesa de debate sobre la situación jurídica del sector eólico en Galicia, Ángel Ruíz de Apodaca Espinosa, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Navarra, argumentó que la solución a los problemas actuales no debería ser de tipo legislativo, sino judicial. “Es crucial valorar adecuadamente los informes que son esenciales en este tipo de procedimientos”, apuntó.

Por su parte, Luís Míguez Macho, catedrático de la USC, consideró que la interpretación del TSXG en cuanto al impacto ambiental es confusa y problemática, sugiriendo que esto ha creado un entorno legal complicado para la implementación de proyectos de energía renovable en Galicia.

En otro punto de la discusión, Carlos Abuín Flores, abogado de la Xunta, comentó sobre la “avalancha” de procedimientos que enfrenta la administración autonómica y reafirmó que se defenderán a través de los mecanismos legales establecidos.

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, inauguró el foro y expresó su preocupación por la “gran inseguridad jurídica” que ha invadido Galicia, señalando que numerosas suspensiones están obstaculizando el desarrollo del sector. También hizo hincapié en que, a pesar de haber invitado al magistrado del TSXG Luís Villares al evento, este declinó participar.

Vázquez recordó que la Xunta ha presentado un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para proteger la objetividad en el trabajo administrativo, en el contexto de un procedimiento que genera inquietud y expectativas legales. “Galicia cumple rigurosamente las normativas estatales y europeas, y es desconcertante que se encuentre en esta situación”, indicó.

Finalmente, instó al TJUE a pronunciarse con la mayor celeridad posible sobre la cuestión prejudicial, advirtiendo que las decisiones que tome el tribunal no solo afectarán a Galicia, sino que podrían tener un impacto amplio en otras regiones y países de la Unión Europea. En este momento, Galicia cuenta con numerosos parques eólicos que han sido objeto de recursos, lo que pone en jaque su historial como líder en energías renovables.