
El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y expresidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, se enfrenta nuevamente a acusaciones de prevaricación tras haber sido condenado a siete años de inhabilitación por un caso relacionado con la concesión para la reforma de un campo de fútbol en Moraña, Pontevedra.
La Fiscalía ha dejado claro su desacuerdo con la posible absolución de Louzán por parte del Tribunal Supremo, argumentando que toda la tramitación del expediente fue prevaricadora desde el principio, según ha expresado el fiscal Javier Huete durante la vista celebrada en el alto tribunal.
El caso, que ha pasado por diferentes instancias judiciales y ha generado polémica, ha sido llevado al Supremo tras la condena en la Audiencia Provincial de Pontevedra. A pesar de haber sido absuelto del delito de fraude, se mantuvo la condena por prevaricación al considerar que Louzán había votado a favor de una concesión ilegal y arbitraria.
La defensa de Louzán ha argumentado que en la fecha de los hechos, la legislación de subvenciones y contrataciones permitía la concesión de la subvención o contrato directo según lo establecido. Sin embargo, la Fiscalía insiste en que Louzán intentó burlar la normativa para favorecer intereses particulares.
En la sesión, diferentes abogados se han sumado a la petición de la defensa de Louzán, alegando que la sentencia de la Audiencia Provincial es cuestionable y que no se ajusta a los hechos probados. Tras escuchar los argumentos de todas las partes, el tribunal presidido por el magistrado Julián Sánchez Melgar ha dejado el caso visto para sentencia, pendiente de resolver el recurso presentado por Louzán.
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