Este miércoles, un grupo de decenas de personas se congregó ante la sede de la Consellería de Educación en San Caetano, Santiago, en una manifestación organizada por la CIG-Ensino. La protesta tenía como objetivo principal exigir la restitución de derechos laborales que, según afirman, han sido despojados a los docentes desde 2009.

La secretaria nacional de CIG-Ensino, Laura Arroxo, dejó claro en su intervención que si no se produce un cambio significativo en las políticas educativas con el inicio del nuevo curso, no se descartan medidas de protesta e incluso una posible huelga en los primeros meses del año académico. “Estamos dispuestos a calentar motores para emprender cualquier lucha necesaria”, apuntó ante los medios de comunicación.

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, fue el foco de sus demandas, ya que los manifestantes exigieron que se “rectifique” en sus políticas y que inicie negociaciones para recuperar esos derechos perdidos, además de promover una revalorización de la profesión docente.

En este contexto, Arroxo se refirió a un acuerdo firmado en octubre de 2023 entre la Xunta y tres sindicatos (CCOO, ANPE y UGT) que reducía las ratios y el horario docente. La CIG decidió no signar este pacto al considerarlo insuficiente para abordar las necesidades actuales del sector.

“Cuando pedimos cambios a la Consellería también exigimos a los sindicatos que respaldaron ese acuerdo, puesto que condiciona las futuras negociaciones para disminuir las ratios y los horarios, manteniéndose superiores a los niveles pre-2011”, enfatizó Arroxo.

La entrega de burocracia al profesorado fue otro de los reclamos centrales en la protesta, donde Arroxo subrayó: “Necesitamos centrarnos en lo que realmente amamos, en el trabajo didáctico”.

Además, la concentración también exigió el cese del subdirector xeral de Inspección e Avaliación do Sistema Educativo, Enrique Prado Cueva. Los manifestantes critican varios artículos que publicó en Internet, en los cuales promovió ideas alineadas con Vox, tildando de “clase ociosa” a los profesores y cuestionando políticas de inmersión lingüística, lo que provocó un fuerte rechazo.

“Un hombre que, si se dieran los pasos que él desearía, haría de la CIG un organismo ilegalizado, ya que desprecia las organizaciones nacionalistas”, declaró Arroxo con indignación.

En respuesta a la controversia, tanto el conselleiro de Educación como el de Presidencia, Diego Calvo, abogaron por la “tolerancia” hacia la “libertad de pensamiento” del subdirector, aludiendo a su papel como "funcionario". Sin embargo, Arroxo fue clara: “No buscamos tolerancia con sus comentarios. Pedimos su cese de forma inmediata. Estamos hablando de un cargo político que se refiere al profesorado como una clase trabajadora ociosa”.

El escenario fue avivado por unas nuevas instrucciones para el curso escolar que fueron publicadas por la Consellería de Educación, las cuales demandan una ‘neutralidad ideológica’ en actividades complementarias, sujetas a revisión por parte de Inspección.

En cuanto a la posibilidad de una huelga similar a la convocada en Asturias, la CIG, principal sindicato en la educación pública gallega, no descartó esta opción. La presión está aumentando y la tensión entre los distintos sindicatos se puede ver reflejada en eventos recientes, como la rueda de prensa que ofreció el STEG, donde instaron a la CIG y al CSIF a unir fuerzas para coordinar acciones contra el acuerdo de 2023, incluyendo una huelga indefinida.

Laura Arroxo indicó que, aunque hubo unidad sindical hasta 2019, el panorama cambió tras la pandemia. A partir de ese momento, CCOO, ANPE y UGT firmaron el acuerdo con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, lo que llevó a la CIG a organizar dos jornadas de huelga en colaboración con STEG y CSIF en oposición a ese pacto.

“Continuaremos luchando, por supuesto, junto a aquellos que nos respalden, no solo sindicatos, sino también asociaciones de padres y madres que se muestran solidarios con nuestras demandas, ya que implican mejoras laborales para el profesorado y, por ende, una mejora en la educación pública gallega”, concluyó Arroxo.