VIGO, 24 de abril. La Audiencia Provincial de Pontevedra, en su sección quinta, ha decidido rechazar el recurso presentado contra la sentencia del Juzgado de Menores número 1, que encontró culpable a un adolescente de 15 años por la agresión sexual cometida contra una menor de 13 años.

El joven fue sentenciado por un delito de agresión sexual y un delito menor de lesiones, lo que resultó en una medida correctiva que implica dos años de internamiento en un centro especializado, seguido de un año de libertad vigilada. Durante este periodo, se le requerirá participar en programas destinados a la educación sexual y la promoción de la igualdad.

Adicionalmente, se estableció una orden de alejamiento de dos años respecto a la víctima, así como la obligación de cubrir los gastos procesales y compensar a la menor con 12,000 euros por las lesiones y las secuelas sufridas. Esta indemnización, junto a otros 360 euros destinados al Servicio Gallego de Salud (Sergas), serán asumidos por los padres del menor, quienes han sido responsabilizados solidariamente.

Los hechos, tal como los ha constatado la Audiencia, indican que los jóvenes se conocieron un día antes de la agresión a través de una amiga y residían en el mismo edificio, aunque accedían por entradas diferentes. Ese mismo día, el agresor besó a la víctima con su consentimiento.

Sin embargo, tras intercambiar información en redes sociales, el joven intentó organizar un encuentro con ella cuando sus padres no estuvieran en casa, lo que la menor rechazó. Finalmente, se encontraron al día siguiente en el rellano de las escaleras del edificio.

Durante este encuentro, el joven la besó y comenzó a tocarla, un comportamiento que la víctima le reprochó. Ignorando sus protestas, la agarró del antebrazo y la empujó, forzándola a realizar actos sexuales en contra de su voluntad.

Después del incidente, la menor confió en su amiga lo sucedido, y fue la abuela de esta quien presentó la denuncia. Al momento de su detención, el joven admitió a los agentes que había estado con una niña de 13 años y que había cometido el acto sin su consentimiento.

La sentencia es definitiva y no admite apelación. La situación refleja la seriedad del problema de la violencia sexual entre adolescentes y la necesidad de una educación integral que promueva el respeto y la igualdad desde una edad temprana.