La política de vivienda social en Galicia ha sido objeto de duras críticas por parte del Bloque Nacionalista Galego (BNG), que este martes organizó un debate en Santiago de Compostela donde se abordó la actual situación del sector. La portavoz nacional, Ana Pontón, no dudó en calificar de "desastre" la gestión llevada a cabo por la Xunta en este ámbito, acusándola de haber "dilapidado" los esfuerzos por mantener una política de vivienda social efectiva, dejándola casi en un estado de inexistencia.

El evento, que tuvo lugar en la Casa das Máquinas y se enmarcó bajo el lema 'Cambiar o modelo, garantir dereitos', fue inaugurado por la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín. Durante su intervención, Sanmartín destacó las iniciativas implementadas por el gobierno local para asegurar que las políticas de vivienda se dirijan a los residentes de la ciudad y no a los intereses turísticos o comerciales.

La alcaldesa enfatizó la necesidad de priorizar la rehabilitación de viviendas y la posibilidad de integrar la vivienda protegida en toda la ciudad, en lugar de concentrarla en áreas periféricas. Además, hizo hincapié en la importancia del comercio local, señalando que se han tomado medidas para limitar la proliferación de tiendas de souvenirs en el casco histórico de la capital gallega.

En su intervención, Ana Pontón enfatizó que el coste del alquiler se ha convertido en un "martirio" para muchos, y denunció que los datos indican que desde 2009 ha habido periodos en los que no se ha construido ninguna vivienda protegida. "Es una decisión política", subrayó, mientras añadía que en Galicia la vivienda se ha transformado en un bien especulativo, facilitado por la complicidad del Partido Popular.

Pontón insistió en que la vivienda debería ser un derecho y no un objeto de especulación, argumentando que el actual modelo es ineficaz para ofrecer alquileres accesibles. En Galicia, el porcentaje de viviendas públicas de alquiler es inferior al 1%, lo que contrasta drásticamente con las cifras de otros países europeos.

El BNG propone un cambio de paradigma en la política de vivienda pública, sugiriendo un nuevo enfoque que garantice que las viviendas protegidas sean permanentes y estén estructuradas de manera que al menos la mitad de ellas se destinen al alquiler. También reclaman que este tipo de viviendas tenga precios justos y accesibles, criticando una reciente subida del 40% que ha llevado el coste de las viviendas protegidas por encima de los 200.000 euros, excluyendo así a las familias de bajos ingresos.

En su discurso, Pontón pidió que se revisen las tarifas de las viviendas en función de indicadores objetivos y que se apliquen bonificaciones de acuerdo a los ingresos de los solicitantes. También abogó por aumentar las reservas de suelo para vivienda protegida y por adquirir propiedades públicas vacías, ya que esto podría facilitar la compra a precios más asequibles.

El llamado a la acción fue claro: "No es comprensible que el gobierno no tome medidas para adquirir viviendas existentes a mejores precios", argumentó Pontón. Además, enfatizó que cualquier estrategia debe incluir mayor transparencia y una planificación clara respecto al inventario de suelo y vivienda, evitando ocultar datos relevantes.

Pontón recordó que deben implementarse políticas en tres áreas claves para controlar los precios del mercado libre: declarar zonas de mercado residencial tensionado, establecer un límite para los alquileres turísticos y poner en marcha iniciativas efectivas para movilizar viviendas vacías, aumentando así la oferta disponible.

El evento contó también con la participación de expertos en urbanismo, representantes de cooperativas y responsables de entidades sociales, quienes se sumaron al debate sobre cómo mejorar el acceso a la vivienda en Galicia, reflejando un consenso sobre la necesidad de acciones concretas y urgentes.