En Ourense, el alcalde municipal ha decidido destituir al interventor municipal, desatendiendo las recomendaciones de la Dirección General de Estabilidad Presupuestaria y Gestión Financiera Territorial, perteneciente al Ministerio de Hacienda.

El informe emitido indicaba que el interventor general municipal fue seleccionado a través de un concurso y, por lo tanto, "se entiende que no es procedente iniciar un proceso de destitución por parte del Ayuntamiento".

A pesar de esto, Jácome ha firmado la remoción del interventor, siendo esta una medida única a nivel nacional. El alcalde ya había advertido al interventor en diciembre sobre la apertura de un expediente de cese, lo cual ahora se ha hecho oficial justo la misma semana en la que se llevó a cabo la audiencia por la denuncia de presunto "acoso laboral" presentada por el interventor municipal en contra del alcalde.

Esta no es la primera vez que el alcalde destituye a un funcionario municipal de habilitación nacional, ya que previamente había destituido a la tesorera del ayuntamiento, a quien nombró viceinterventora.

Las reacciones de los miembros restantes de la corporación municipal no tardaron en llegar. El primer partido en pronunciarse fue el PSOE, quien considera que este nuevo cese es simplemente una estrategia para desviar la atención de los problemas críticos en los servicios sociales y la inestabilidad presupuestaria que afecta incluso al pago de salarios de los empleados públicos.

Por otro lado, el Partido Popular advierte que la destitución del funcionario empeorará la ya complicada situación económica del Ayuntamiento, señalando que el alcalde se jacta en redes sociales de mejorar la ciudad mientras la realidad presupuestaria es otra.

Desde el Bloque Nacionalista Galego, se enfatiza que estos ceses buscan silenciar cualquier crítica o señalamiento sobre las prácticas del gobierno local, asegurando que la gestión deficiente de los últimos cinco años ha llevado al municipio a una crisis económica.