El próximo lunes 16 de junio, la sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña dará inicio a un juicio muy esperado que involucra a Roger Serafín, un residente de Narón, acusado del brutal asesinato y violación de Elisa Abruñedo, quien fue atacada en septiembre de 2013 durante un paseo cerca de su hogar en Lavandeira, Cabanas.

El proceso judicial se llevará a cabo con un jurado popular, y la Fiscalía ha solicitado una condena acumulada de 32 años de prisión, distribuidos entre un delito de agresión sexual y otro de asesinato, evidenciando la gravedad de los cargos.

Desde octubre de 2023, Serafín se encuentra en prisión tras su detención por la Guardia Civil en su lugar de trabajo, el astillero de Navantia en Ferrol, donde era empleado en una empresa subcontratada. Durante su arresto, el acusado admitió ser el autor de la violación y muerte de Elisa, un crimen que conmocionó a la comunidad hace una década.

Según consta en el informe acusatorio, el fatídico día del 1 de septiembre de 2013, entre las 20:45 y las 21:00 horas, el hombre avistó a Elisa caminando por la carretera DP-1503. Sin dudarlo, se desvió hacia un camino de tierra cercano, detuvo su vehículo y abordó a la mujer por la espalda, agrediéndola físicamente.

El relato del Ministerio Fiscal detalla que, tras golpearla en la cara, Serafín arrastró a Elisa, llevándola hacia un área arbórea adyacente a la carretera, donde se encontraba oculta a la vista. Este lugar se convirtió en el escenario de un acto atroz, donde se perpetró la violación.

Después del ataque sexual, el acusado, en un acto inesperado, sacó un cuchillo y le propinó varias puñaladas a la víctima, dos en el torso y una en el cuello, provocando su muerte de inmediato antes de huir por el monte hacia su vehículo, dejando atrás una escena de horror.

Ante la magnitud de los hechos, la Fiscalía ha planteado una solicitud de 12 años de prisión por el delito de agresión sexual y 20 años adicionales por asesinato. Además, se ha instado a que se indemnice a los dos hijos de la víctima con 200.000 euros, distribuidos equitativamente entre ellos, a fin de reconocer la pérdida irreparable que han sufrido.