El próximo martes, la Audiencia Provincial de A Coruña iniciará un juicio de gran relevancia que involucra a un hombre acusado de intentar secuestrar a una menor de 12 años y a una mujer en la localidad de Arzúa, una situación preocupante que refleja los riesgos de seguridad que enfrentan tanto los niños como las mujeres en nuestra sociedad.

Los hechos, según señala la Fiscalía, tuvieron lugar en junio de 2024, cuando la menor, tras salir de la panadería donde trabaja su madre, se encontró en una situación aterradora. Un hombre comenzó a seguirla mientras caminaba, provocando un comprensible temor en la niña.

Consciente del peligro, la menor optó por cruzar la calle y refugiarse en un bar cercano. Sin embargo, el acusado no tardó en seguirla al interior del local. Desesperada, la niña se dirigió a los baños, buscando el resguardo necesario, pero el hombre la sorprendió al golpear la puerta, intensificando la angustia de la situación.

En un intento por alertar a su madre, la niña pidió ayuda al camarero para obtener el número de la panadería, pero este no lo conocía. Sin más opciones, decidió abandonar el bar y dirigirse a su lugar de trabajo. Cuando estaba en camino, se encontró nuevamente con el agresor, pero gracias a su determinación logró escapar y llegar a la panadería.

En un ímpetu alarmante, el acusado volvió a actuar, esta vez al interferir en la vida de otra mujer que se encontraba fuera de su vehículo, intentando obtener indicaciones. El hombre, en un acto intimidante, manobró su coche para bloquear su salida, sembrando el miedo en la situación. Bajó del vehículo y, al acercarse a la mujer, la agarró del brazo en un intento de restringir su libertad de movimientos. Sin embargo, la mujer logró liberarse y escapó en su automóvil.

Ante estos actos de violencia y acoso, el Ministerio Público ha solicitado una condena de siete años de prisión para el acusado: cuatro años por el intento de secuestro de la menor y tres por el intento contra la mujer. Además, se busca que el hombre compense a sus víctimas, asignando 3.000 euros a la menor y 2.000 euros a la mujer, como reconocimiento del trauma sufrido.

Este caso pone de manifiesto la urgente necesidad de un debate más amplio sobre la seguridad de nuestros niños y mujeres, así como el papel que juega la comunidad en la prevención de tales incidentes.