En un reciente debate parlamentario, el exconselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, se pronunció sobre el modelo de construcción del Hospital Álvaro Cunqueiro, admitiendo que, aunque fue “más caro”, se logró completar el proyecto “en tiempo récord”.

Este pronunciamiento tuvo lugar durante una sesión en el Parlamento de Galicia, donde García Comesaña, quien ocupó el cargo de conselleiro desde septiembre de 2020 hasta abril de 2024, defendió la legalidad y la transparencia de los contratos de emergencia que se firmaron para atender las necesidades del Servizo Galego de Saúde (Sergas) en los primeros momentos de la crisis sanitaria provocada por la pandemia de covid-19.

El exconselleiro también se vio envuelto en la controversia respecto a las adjudicaciones a empresas vinculadas a familiares de altos dirigentes del Partido Popular, un tema que fue intensamente debatido por los grupos de la oposición, como el BNG y el PSdeG, en una comisión de investigación que estuvo marcada por momentos de gran tensión.

En el centro de las críticas se situó Universal Support, una compañía teleoperadora dirigida por Ignacio Cárdenas, cuñado del expresidente de la Xunta Alberto Núñez Feijóo. Esta empresa fue contratada en agosto de 2020 para colaborar en el sistema de rastreo de contagios de coronavirus, lo que provocó nuevas interrogantes sobre la procedencia de los contratos en un contexto de emergencia.

García Comesaña justificó la elección de Universal Support basándose en su experiencia anterior, destacando que ofrecieron rápidamente “75 teleoperadores” en un plazo de dos días para ayudar en las labores de rastreo. Este procedimiento se realizó de forma directa y bajo la normativa de contratación de situaciones de emergencia, aunque ya a principios de 2021, cuando algunas normativas lo permitieron, la Consellería de Sanidade reintegró estos servicios en un “concurso convencional” en el que la empresa no renovó todos sus contratos.

En su alocución, García Comesaña se convirtió en el segundo compareciente de la comisión, que fue impulsada por el BNG. La presidenta del organismo, Elena Candia, también del PP, debió intervenir en múltiples ocasiones para mantener la calma, recordando a todos que “hoy es el primer día” de debate.

La oposición focalizó su atención no sólo en Universal Support, sino también en la empresa Eulen, de la que forma parte Micaela Núñez, hermana de Feijóo, así como en Mape Asesores, que vendió mascarillas a la Xunta y cuyo director, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, recibió comisiones millonarias.

García Comesaña defendió la necesidad de seguir avanzando en los contratos de emergencia, aseverando que Galicia fue “ejemplar” en la adquisición de material sanitario. La sesión se tornó más álgida cuando el BNG, a través de Luís Bará, acusó a la Xunta y al PP de bloquear el acceso a documentos relacionados con los contratos implicados.

Bará exigió la entrega inmediata de estos documentos, arremetiendo contra la negativa del PP a la comparecencia de personas destacadas en el plan de trabajo de la comisión, incluida la de Feijóo y su hermana, lo que generó una intensa disputa mediática.

Patricia Iglesias, del PSdeG, no se contuvo en su crítica, denominando la comisión como un “auténtico paripé” y lamentando que fuera García Comesaña, y no Feijóo, quien tuviera que rendir cuentas ante este órgano. Llamó la atención sobre la gran cantidad de dinero que recibió Universal Support, señalando que nunca había trabajado con el Sergas antes y que carecía de la experiencia necesaria para manejar contratos de tal magnitud.

Por su parte, el diputado del PP Roberto Rodríguez defendió a la comisión de cualquier crítica por no representar a individuos específicos, alegando que estaba diseñada para que los representantes de las empresas implicadas dieran cuenta de sus contratos. Además, hizo hincapié en que toda la documentación solicitada había sido presentada previamente durante las transacciones.

Rodríguez aseguró que los contratos fueron “fiscalizados” por el Consello de Contas, rechazando las acusaciones de impropiedades por parte de la oposición y defendiendo el trabajo de los funcionarios encargados de la revisión de las licitaciones.

El debate continuó centrado en las controversias relacionadas con las adjudicaciones, mientras el exconselleiro refutaba las críticas sobre el modelo de concesión arquitectónica empleado para edificar el Hospital Álvaro Cunqueiro. Según un informe oficial, se estima que la Xunta habría ahorrado 470 millones de euros si las obras se hubiesen licitado por separado.

García Comesaña argumentó que gracias a este modelo, se pudo concluir el hospital en un tiempo récord, en contraste con una gestión anterior que calificó como “paralizada”. Refiriéndose a los primeros intentos de construcción en 2005 por el gobierno de Manuel Fraga, aseguró que el proceso se estancó bajo la administración bipartita que siguió durante un periodo prolongado sin avances significativos.

Con el regreso del PP en 2009 y el inicio de las obras en 2011, el hospital se completó finalmente en 2015, convirtiéndose en un referente en atención sanitaria en Europa, con una notable mejora en las listas de espera en el área de Vigo.

La dimensión y capacidad del Álvaro Cunqueiro evitaron, según manifestó, que se tuviese que construir un hospital de campaña durante la pandemia y permitió la atención a pacientes portugueses, mostrando su relevancia en la infraestructura sanitaria de la región.

Sin embargo, Luís Bará del BNG criticó la actuación de García Comesaña en la comisión, interpretando su presencia como un intento inoportuno de obstruir la labor del Ayuntamiento de Vigo. Mientras tanto, Patricia Iglesias continuó su crítica al recalcar que el bipartito había explorado otras alternativas para la construcción del hospital, pero se había decantado por un modelo de concesión de obra pública que, según ella, resultó ser desventajoso y favorecedor para la empresa concesionaria.