Las familias de los 21 marineros que murieron en el naufragio del buque 'Villa de Pitanxo' han pedido al juez de la Audiencia Nacional (AN) Ismael Moreno que regrese el 'Ártabro', un barco que salió del puerto de Vigo hacia aguas canadienses para investigar el hundimiento del navío. Las familias también han pedido que se aclaren las "responsabilidades" del ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, ya que el buque partió sin autorización del juez. Hasta el momento, la Fiscalía no se ha pronunciado.

Según fuentes judiciales, la Audiencia Nacional no autorizó la salida del 'Ártabro' y advirtió en dos ocasiones al Ministerio que es el juzgado el que debe determinar qué buque se contrata y qué peritos van a participar en la investigación. La última comunicación del Ministerio con la AN fue el envío de un oficio con el nombre de la concesionaria junto con un enlace para descargar la información de la empresa y el objeto de la pericia, entre otros datos.

Las familias de las víctimas se han concentrado ante la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra para expresar su "disgusto" por la partida del 'Ártabro' para investigar el hundimiento del 'Villa de Pitanxo'. La portavoz de los afectados, María José de Pazo, ha explicado que "ayer fue un día triste, negro, demoledor, no solo para las familias, sino para estos 21 que no tienen voz". Ha añadido que es frustrante e incalificable que el buque haya partido sin autorización y ha pedido que se cumplan todas las garantías para que nadie cuestione la validez de la prueba.

El abogado de las familias presentará un nuevo escrito al juez para que determine si la investigación se ajusta a las directrices judiciales y para que se respeten las garantías. También solicitará una reunión con la ministra para que dé una explicación y aclare por qué el Ministerio ha sido "cómplice" de la salida del barco sin autorización judicial.

María José de Pazo ha recordado que el delegado del Gobierno en Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, prometió una colaboración directa con los afectados, pero después de llamar para solicitar una reunión, la Delegación colgó el teléfono en su cara.

La forma en que se ha llevado a cabo la investigación ha levantado sospechas sobre un posible motivo oculto detrás de la salida del buque sin la autorización judicial correspondiente. María José de Pazo ha insistido en que después de 15 meses, esto es una falta de respeto para las víctimas y ha cuestionado por qué se tiran 3 millones de euros de todos los contribuyentes. Ha añadido que el dinero no lo pone Pedro Sánchez, sino que proviene de los impuestos que paga la ciudadanía.