La situación en Pontevedra da un giro significativo tras la decisión del Tribunal Constitucional de aceptar el recurso de amparo interpuesto por el Ayuntamiento contra la sentencia del Tribunal Supremo, que había respaldado la prórroga concedida a la fábrica de celulosa Ence, permitiendo su operación en Lourizán hasta 2073.

En una conferencia de prensa celebrada el martes, Eva Vilaverde, alcaldesa en funciones, informó sobre la llegada de la providencia del alto tribunal, corroborando que el proceso judicial sigue su curso. Este recurso fue presentado en septiembre de 2023, y Vilaverde destacó que la respuesta del Tribunal Constitucional valida su postura respecto a la controversia legal en torno a Ence, un hecho que consideran digno de celebración, especialmente dada la rareza de que se admitan este tipo de recursos.

La alcaldesa del BNG no escatimó en criticar lo que considera una prórroga "irregular", describiéndola como una "gamberrada". Argumentó que se otorgó sin las justificaciones necesarias para su permanencia en terrenos de dominio público marítimo-terrestre, y que contraviene las directrices europeas al proceder sin un concurso previo, además de no haber sido evaluada por el Ayuntamiento como requería el procedimiento.

Vilaverde también subrayó que la concesión fue realizada por un gobierno central bajo el liderazgo de Mariano Rajoy, el cual habría excedido sus competencias en este asunto. El gobierno municipal sostiene que han sido objeto de indefensión, señalando que el Tribunal Supremo no analizó las razones esgrimidas en su contra, y considera que este trámite es también una cuestión de dignidad para el Ayuntamiento y sus ciudadanos.

El Tribunal Constitucional ha reconocido que este caso posee "especial trascendencia" en relación a un derecho fundamental que carece de doctrina establecida. En su providencia, el tribunal ha solicitado al Supremo y a la Audiencia Nacional toda la documentación relevante sobre el procedimiento.

Las expectativas del gobierno municipal se centran en tres posibles resultados: la anulación de la sentencia del Tribunal Supremo que dio luz verde a la permanencia de Ence, el examen de las alegaciones presentadas anteriormente, o una combinación de ambas. En el caso de que la resolución del Constitucional no favorezca al Concello, la alcaldesa indicó que recurrirían al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo.

Desde las oficinas de Ence, la empresa ha manifestado que, al no estar directamente vinculada al recurso, todavía no ha recibido notificación sobre la decisión del Tribunal Constitucional. De acuerdo con Ence, esta admisión solo significa que se evaluará si ha habido o no una infracción del derecho fundamental que el Ayuntamiento ha alegado.

La compañía defiende que no ha ocurrido tal vulneración y, una vez sea notificada formalmente por el Tribunal Constitucional, presentarán las alegaciones que consideren pertinentes para proteger sus intereses. Ence también hizo hincapié en que la tramitación de este recurso no alterará la doctrina del Tribunal Supremo, que ha respaldado anteriormente la validez de su prórroga y que, según ellos, permanece intacta y plenamente vigente, sin que este tema pueda afectar su concesión actual.